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Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo 2007
Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores-, además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones, desempleo, vivienda protegida- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 38%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias, a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, a disminuir los prespuestos para la vivienda protegida, etc., de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Queda, por lo tanto, mejorar y aumentar los componentes del Estado De Bienestar, luchando contra las tendencias neoliberalizadoras.
cuadro 1
Renta nacional disponible (precios corrientes)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Remuneración de los asalariados
312.020
334.625
355.242
378.640
400.963
425.592
Renta nacional bruta (RNB)
624.655
669.696
718.188
773.449
828.925
893.165
Remuneración / Renta
50,0%
50,0%
49,5%
49,0%
48,4%
47,6%
fuente: INE
Todo esto obliga a una reflexión a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que, para amplias capas de la población, nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi), de sanidad pública del SNS, viviendas protegidas, rentas de integración, ayudas públicas a diversos colectivos, etc., que los ciudadanos en general, y los trabajadores en particular, van a recibir a lo largo de su vida. El cuadro nº 1 es revelador de este hecho[3], porque indica una tendencia a la baja de las rentas salariales y a la vez que se da una mayor participación del Gasto Público en el PIB desde hace ya más de 2 décadas[4].
cuadro 2
GP/PIB en %
países
2004
2005
Alemania
47,5
46,7
Francia
53,8
54,2
Reino Unido
43,9
45,5
Italia
48,5
48,2
España
40,5
38,2
Suecia
57,2
56,4
Holanda
46,2
45,7
UE-15
48,2
47,6
UE-25
48,1
47,4
GP = Gasto Público
PIB = Producto Interior Bruto
Fuente: Eurostat (Statistics in focus)
Pero es que, además de este hecho estructural -que obligaría a una revisión de las prioridades sindicales en la negociación-, se da un hecho coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no volverán a repetirse: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento marginal de los ingresos públicos –y por tanto, de gasto social- como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en el próximo lustro, son muy superiores al aumento de los ingresos derivados de la negociación colectiva; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 38%) en España en comparación con la Unión Europea (un 47,6%)[5], la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna necesaria, oportuna y, sobre todo, posible.
Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana y la griega de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante, existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno de estructura económica similar. Así, puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, calefacción, agua, etc.
Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6] y aceptamos la definición de economía sumergida como la de aquella que abarca a “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida a partir de la supuesta estabilidad que se da entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de una experiencia internacional en la correlación de estas variables[8]. El resultado del trabajo indica que el nivel de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fue del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 180.000 mills. de euros[9]. Utilizamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta y el Producto Interior Bruto[10] (98,7 para el año 2005[11]), que se mueve en un entorno del 98.5% en la última década. Con ello calculamos lo que podríamos llamar “techo de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta del Gasto Social sobre el Presupuesto (50%) del total emergido (180.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría 34.200 mills. de euros[12] anuales (ver cuadro 3).
Compárese estos 34.200 mills. de euros de techo de negociación[13]institucional con los 16.500 mills. de euros anuales (col.2007a), también de techo de negociación -pero en este caso colectiva-, que surge del supuesto de un incremento medio del 3,5% en los salarios para un 48% de participación de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta (RNB)[14]. Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, si, siendo optimistas, suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto de la negociación colectiva y, por ende, el de valor máximo de la “capacidad de negociación colectiva”.
cuadro 3
2007 a
2007 b
2008
2009
2010
2011
2020
Negociación institucional
PIB (con 3% de increm.) =
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.030.000
1.060.900
1.092.727
1.305.910
Incorporación emergida al PIB
90.000
20.000
21.000
21.638
66.862
PIB con crecimiento del 3% e incorporado lo emergido
1.050.000
1.081.900
1.114.365
1.372.772
Niveles de fraude =
18%
9%
18%
16%
14%
12%
6%
Economía sumergida =
180.000
90.000
180.000
168.000
151.466
133.724
82.366
Presupuesto s/ PIB =
38%
38%
39%
40%
41%
42%
48%
Gasto Social / Presupuestos
50%
50%
50%
51%
52%
53%
58%
Margen de negociación =
34.200
17.100
35.100
33.619
31.666
29.189
21.814
Negociación colectiva
PIB =
1.000.000
1.090.000
1.000.000
1.050.000
1.081.900
1.114.365
1.372.772
Rentas salariales / RNB =
48%
48%
48%
47%
47%
47%
45%
RNB / PIB =
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
Incremento medio salarial =
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
2,5%
Incremento salarial =
16.548
18.037
16.548
17.013
17.530
18.056
15.212
Negociación institucional =
34.200
17.100
35.100
33.619
31.666
29.189
21.814
Negociación colectiva =
16.548
18.037
16.548
17.013
17.530
18.056
15.212
Diferencia =
17.652
-937
18.552
16.606
14.135
11.133
6.602
Salario Nominal =
472.800
515.352
472.800
486.098
500.866
515.895
608.481
Gasto Social =
190.000
190.000
195.000
210.120
226.184
243.241
363.565
G. Social / S. Nominal =
40,2%
36,9%
41,2%
43,2%
45,2%
47,1%
59,7%
Diferencia = GS -SN =
282.800
325.352
277.800
275.978
274.682
272.654
244.916
Diferencia / PIB =
28,3%
32,5%
27,8%
26,3%
25,4%
24,5%
17,8%
RNB = Renta Nacional Bruta; PIB = Producto Interior Bruto; GS = Gasto Social; SN = Salario Nominal
datos absolutos en millones de euros
del 2014 al 2020 se supone un incremento medio anual del 2%
Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude[15], pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación institucional de 17.100 mills. de euros[16] (col.2007b), similar a los 18.000 mills. de euros obtenidos a través de la negociación colectiva[17].
Hemos adjuntado un cuadro (nº 3) con diferentes situaciones hipotéticas. Así, se ensaya con sucesivas situaciones de fraude (18%, 9%, 16%, 14%, 12% y 6%), con aumentos de la relación entre Presupuestos y PIB (del 38% al 48%), con aumentos también del Gasto Social en relación al Presupuesto (del 50% al 58%) y variación de los salarios medios (3,5%, 2,5%); hipótesis todas ellas realistas, posibles e, incluso, necesarias.
Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro; también que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exigan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude -incluso apoyarle y exigirle más ahínco-, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[18]. La dificultad sería mucho mayor en los temas de educación pública, Sistema Nacional de Salud, vivienda, por estar transferidas total o parcialmente las competencias, y perdurar autonomías gobernadas por los neoliberales del P.P[19], cuya ideología, como se sabe, eleva a los altares el mercado y, simultáneamente, trata de matar al Estado de Bienestar como Teseo al Minotaruo. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía que aún navega oculta en procelosos mares, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar vía recaudación y, entonces, habrá que recurrir a modificaciones de los tipos impositivos o, en general, cambios en la tributación que tiendan a aumentar los ingresos fiscales del Estado para aumentar y mejorar los servicios públicos.
[1] Puede verse la evolución del Estado de Bienestar hasta 1989 en “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión general”, por Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en “Política y Sociedad”, nº 2, 1989. Se puede obtener de internet tecleando en Google: españa “evolución del estado de bienestar”.
[2] Renta vital sería el conjunto de las rentas obtenidas a lo largo de la vida, de acuerdo con las teorías del ciclo vital y de la renta permanente de Modigliani y otros.
[3] Ver el cuadro en internet: http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rnd.xls
[4] Puede verse en la evolución de los presupuestos en relación al PIB.
[5] Cual es tamaño óptimo del Sector Público es una cuestión abierta (cuadro 2). Los neoliberales se apoyan en la curva de Laffer para defender la disminución de su tamaño. La curva relaciona recaudación y nivel medio de impuesto, y establece un máximo (el óptimo) entre ambos; de ahí se pasa a relacionar Gasto Público y PIB. En Europa se demuestra que los países más avanzados, como son los nórdicos, Alemania, Francia, etc. han mantenido una relación entre ambos cercano al 50% durante décadas, cuando no lo han sobrepasado. El caso alemán –que no llega al 50%- se ha visto perjudicado por la reunificación, el galo ha sobrepasado con creces el 50%, el italiano apenas aprovecha su porcentaje cercano a ese 50% por la enorme deuda pública que arrastra y el liberal Reino Unido está en un 45,5%. Estos datos me llevan a pensar que nuestro óptimo “laffertiano” debería perfilarse a partir del 45% de GP sobre PIB a medio plazo; a largo plazo no hay pitonisa o casandra– o sea economista de plumilla- que lo otee.
[6] “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, documento de trabajo, nº 184/2004. (www.funcas.ceca.es/Publicaciones/InformacionArticulos/Publicaciones.asp?ID=1072)
[7] Definición de Frey y Weck-Hanneman (1984).
[8] Trabajos de Bahttacharyya (1990).
[9] [180.000 mills. de euros = 18% de economía sumergida x 1.000.000 mills. de euros de PIB del año 2007]
[10] Que para el año 2005 vale 98,7% [98,6% = 893.165 mills. de euros de RNB / 905.455 mills. de euros de PIB]
[11] INE, Contabilidad Nacional de España, Renta nacional disponible.
[12] [34.200 mills. = 38% de Presup./PIB x 50% de GS/Presup x 180.000 mills. de fraude]
[13] Que correspondería a la eliminación total de la economía sumergida.
[14] [16.548 mills. euros = 3,5% de incremento salarial x 48% de Rentas salariales/RNB x 98,5% de RNB/PIB x 1.000.000 mills. euros de PIB]
[15] Y menos aún cuando no lo hemos sido con los 8 años de gobierno del P.P.
[16] [17.100 mills. de euros = 38% Presup/PIB x 50% GS/Presup x 90.000 mills. de economía sumergida]
[17] [18.037 mills. de euros = 3,5% de incremento salarial x 98,5% RNB/PIB x 48% Rentas Salariales/RNB x 1.090.000 mills. de PIB]
[18] Que ha aumentado con la “ley de dependencia”. Otra cosa son los presupuestos.
[19] Aunque no es objeto de este trabajo, los 8 años del P.P. han supuesto retrocesos en la lucha contra el fraude, la economía sumergida pasó –según el estudio mencionado- de un 16,1% del PIB a un 18,2%, disminuyó el Gasto Social en relación al PIB y bajó la participación de las Rentas Salariales en la Renta Nacional, como también puede comprobarse en el cuadro del INE. Eso sí, el P.P. sacó la ley de defensa del contribuyente, como si la prioridad fuera la defensa de éste frente a la Administración Tributaria cuando se daban y aún se dan altos niveles de fraude fiscal (y en las cotizaciones). Esto es la derecha española de ahora: por el mercado hacia Dios, aunque el camino este empedrado de fraude, desigualdades impropias y mínimos salariales y en las pensiones insoportables.
Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo 2007
Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores-, además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones, desempleo, vivienda protegida- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 38%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias, a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, a disminuir los prespuestos para la vivienda protegida, etc., de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Queda, por lo tanto, mejorar y aumentar los componentes del Estado De Bienestar, luchando contra las tendencias neoliberalizadoras.
cuadro 1
Renta nacional disponible (precios corrientes)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Remuneración de los asalariados
312.020
334.625
355.242
378.640
400.963
425.592
Renta nacional bruta (RNB)
624.655
669.696
718.188
773.449
828.925
893.165
Remuneración / Renta
50,0%
50,0%
49,5%
49,0%
48,4%
47,6%
fuente: INE
Todo esto obliga a una reflexión a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que, para amplias capas de la población, nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi), de sanidad pública del SNS, viviendas protegidas, rentas de integración, ayudas públicas a diversos colectivos, etc., que los ciudadanos en general, y los trabajadores en particular, van a recibir a lo largo de su vida. El cuadro nº 1 es revelador de este hecho[3], porque indica una tendencia a la baja de las rentas salariales y a la vez que se da una mayor participación del Gasto Público en el PIB desde hace ya más de 2 décadas[4].
cuadro 2
GP/PIB en %
países
2004
2005
Alemania
47,5
46,7
Francia
53,8
54,2
Reino Unido
43,9
45,5
Italia
48,5
48,2
España
40,5
38,2
Suecia
57,2
56,4
Holanda
46,2
45,7
UE-15
48,2
47,6
UE-25
48,1
47,4
GP = Gasto Público
PIB = Producto Interior Bruto
Fuente: Eurostat (Statistics in focus)
Pero es que, además de este hecho estructural -que obligaría a una revisión de las prioridades sindicales en la negociación-, se da un hecho coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no volverán a repetirse: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento marginal de los ingresos públicos –y por tanto, de gasto social- como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en el próximo lustro, son muy superiores al aumento de los ingresos derivados de la negociación colectiva; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 38%) en España en comparación con la Unión Europea (un 47,6%)[5], la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna necesaria, oportuna y, sobre todo, posible.
Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana y la griega de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante, existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno de estructura económica similar. Así, puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, calefacción, agua, etc.
Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6] y aceptamos la definición de economía sumergida como la de aquella que abarca a “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida a partir de la supuesta estabilidad que se da entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de una experiencia internacional en la correlación de estas variables[8]. El resultado del trabajo indica que el nivel de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fue del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 180.000 mills. de euros[9]. Utilizamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta y el Producto Interior Bruto[10] (98,7 para el año 2005[11]), que se mueve en un entorno del 98.5% en la última década. Con ello calculamos lo que podríamos llamar “techo de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta del Gasto Social sobre el Presupuesto (50%) del total emergido (180.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría 34.200 mills. de euros[12] anuales (ver cuadro 3).
Compárese estos 34.200 mills. de euros de techo de negociación[13]institucional con los 16.500 mills. de euros anuales (col.2007a), también de techo de negociación -pero en este caso colectiva-, que surge del supuesto de un incremento medio del 3,5% en los salarios para un 48% de participación de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta (RNB)[14]. Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, si, siendo optimistas, suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto de la negociación colectiva y, por ende, el de valor máximo de la “capacidad de negociación colectiva”.
cuadro 3
2007 a
2007 b
2008
2009
2010
2011
2020
Negociación institucional
PIB (con 3% de increm.) =
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.030.000
1.060.900
1.092.727
1.305.910
Incorporación emergida al PIB
90.000
20.000
21.000
21.638
66.862
PIB con crecimiento del 3% e incorporado lo emergido
1.050.000
1.081.900
1.114.365
1.372.772
Niveles de fraude =
18%
9%
18%
16%
14%
12%
6%
Economía sumergida =
180.000
90.000
180.000
168.000
151.466
133.724
82.366
Presupuesto s/ PIB =
38%
38%
39%
40%
41%
42%
48%
Gasto Social / Presupuestos
50%
50%
50%
51%
52%
53%
58%
Margen de negociación =
34.200
17.100
35.100
33.619
31.666
29.189
21.814
Negociación colectiva
PIB =
1.000.000
1.090.000
1.000.000
1.050.000
1.081.900
1.114.365
1.372.772
Rentas salariales / RNB =
48%
48%
48%
47%
47%
47%
45%
RNB / PIB =
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
Incremento medio salarial =
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
2,5%
Incremento salarial =
16.548
18.037
16.548
17.013
17.530
18.056
15.212
Negociación institucional =
34.200
17.100
35.100
33.619
31.666
29.189
21.814
Negociación colectiva =
16.548
18.037
16.548
17.013
17.530
18.056
15.212
Diferencia =
17.652
-937
18.552
16.606
14.135
11.133
6.602
Salario Nominal =
472.800
515.352
472.800
486.098
500.866
515.895
608.481
Gasto Social =
190.000
190.000
195.000
210.120
226.184
243.241
363.565
G. Social / S. Nominal =
40,2%
36,9%
41,2%
43,2%
45,2%
47,1%
59,7%
Diferencia = GS -SN =
282.800
325.352
277.800
275.978
274.682
272.654
244.916
Diferencia / PIB =
28,3%
32,5%
27,8%
26,3%
25,4%
24,5%
17,8%
RNB = Renta Nacional Bruta; PIB = Producto Interior Bruto; GS = Gasto Social; SN = Salario Nominal
datos absolutos en millones de euros
del 2014 al 2020 se supone un incremento medio anual del 2%
Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude[15], pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación institucional de 17.100 mills. de euros[16] (col.2007b), similar a los 18.000 mills. de euros obtenidos a través de la negociación colectiva[17].
Hemos adjuntado un cuadro (nº 3) con diferentes situaciones hipotéticas. Así, se ensaya con sucesivas situaciones de fraude (18%, 9%, 16%, 14%, 12% y 6%), con aumentos de la relación entre Presupuestos y PIB (del 38% al 48%), con aumentos también del Gasto Social en relación al Presupuesto (del 50% al 58%) y variación de los salarios medios (3,5%, 2,5%); hipótesis todas ellas realistas, posibles e, incluso, necesarias.
Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro; también que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exigan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude -incluso apoyarle y exigirle más ahínco-, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[18]. La dificultad sería mucho mayor en los temas de educación pública, Sistema Nacional de Salud, vivienda, por estar transferidas total o parcialmente las competencias, y perdurar autonomías gobernadas por los neoliberales del P.P[19], cuya ideología, como se sabe, eleva a los altares el mercado y, simultáneamente, trata de matar al Estado de Bienestar como Teseo al Minotaruo. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía que aún navega oculta en procelosos mares, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar vía recaudación y, entonces, habrá que recurrir a modificaciones de los tipos impositivos o, en general, cambios en la tributación que tiendan a aumentar los ingresos fiscales del Estado para aumentar y mejorar los servicios públicos.
[1] Puede verse la evolución del Estado de Bienestar hasta 1989 en “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión general”, por Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en “Política y Sociedad”, nº 2, 1989. Se puede obtener de internet tecleando en Google: españa “evolución del estado de bienestar”.
[2] Renta vital sería el conjunto de las rentas obtenidas a lo largo de la vida, de acuerdo con las teorías del ciclo vital y de la renta permanente de Modigliani y otros.
[3] Ver el cuadro en internet: http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rnd.xls
[4] Puede verse en la evolución de los presupuestos en relación al PIB.
[5] Cual es tamaño óptimo del Sector Público es una cuestión abierta (cuadro 2). Los neoliberales se apoyan en la curva de Laffer para defender la disminución de su tamaño. La curva relaciona recaudación y nivel medio de impuesto, y establece un máximo (el óptimo) entre ambos; de ahí se pasa a relacionar Gasto Público y PIB. En Europa se demuestra que los países más avanzados, como son los nórdicos, Alemania, Francia, etc. han mantenido una relación entre ambos cercano al 50% durante décadas, cuando no lo han sobrepasado. El caso alemán –que no llega al 50%- se ha visto perjudicado por la reunificación, el galo ha sobrepasado con creces el 50%, el italiano apenas aprovecha su porcentaje cercano a ese 50% por la enorme deuda pública que arrastra y el liberal Reino Unido está en un 45,5%. Estos datos me llevan a pensar que nuestro óptimo “laffertiano” debería perfilarse a partir del 45% de GP sobre PIB a medio plazo; a largo plazo no hay pitonisa o casandra– o sea economista de plumilla- que lo otee.
[6] “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, documento de trabajo, nº 184/2004. (www.funcas.ceca.es/Publicaciones/InformacionArticulos/Publicaciones.asp?ID=1072)
[7] Definición de Frey y Weck-Hanneman (1984).
[8] Trabajos de Bahttacharyya (1990).
[9] [180.000 mills. de euros = 18% de economía sumergida x 1.000.000 mills. de euros de PIB del año 2007]
[10] Que para el año 2005 vale 98,7% [98,6% = 893.165 mills. de euros de RNB / 905.455 mills. de euros de PIB]
[11] INE, Contabilidad Nacional de España, Renta nacional disponible.
[12] [34.200 mills. = 38% de Presup./PIB x 50% de GS/Presup x 180.000 mills. de fraude]
[13] Que correspondería a la eliminación total de la economía sumergida.
[14] [16.548 mills. euros = 3,5% de incremento salarial x 48% de Rentas salariales/RNB x 98,5% de RNB/PIB x 1.000.000 mills. euros de PIB]
[15] Y menos aún cuando no lo hemos sido con los 8 años de gobierno del P.P.
[16] [17.100 mills. de euros = 38% Presup/PIB x 50% GS/Presup x 90.000 mills. de economía sumergida]
[17] [18.037 mills. de euros = 3,5% de incremento salarial x 98,5% RNB/PIB x 48% Rentas Salariales/RNB x 1.090.000 mills. de PIB]
[18] Que ha aumentado con la “ley de dependencia”. Otra cosa son los presupuestos.
[19] Aunque no es objeto de este trabajo, los 8 años del P.P. han supuesto retrocesos en la lucha contra el fraude, la economía sumergida pasó –según el estudio mencionado- de un 16,1% del PIB a un 18,2%, disminuyó el Gasto Social en relación al PIB y bajó la participación de las Rentas Salariales en la Renta Nacional, como también puede comprobarse en el cuadro del INE. Eso sí, el P.P. sacó la ley de defensa del contribuyente, como si la prioridad fuera la defensa de éste frente a la Administración Tributaria cuando se daban y aún se dan altos niveles de fraude fiscal (y en las cotizaciones). Esto es la derecha española de ahora: por el mercado hacia Dios, aunque el camino este empedrado de fraude, desigualdades impropias y mínimos salariales y en las pensiones insoportables.
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