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Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo 2007
Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores- además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 40%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias y a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Todo esto obliga a una reflexión en el mundo sindical a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos ya muy cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi) y de sanidad pública del SNS. El cuadro adjunto es revelador de este hecho[3].
Renta nacional disponible (precios corrientes)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Remuneración de los asalariados
312.020
334.625
355.242
378.640
400.963
425.592
Renta nacional bruta (RNB)
624.655
669.696
718.188
773.449
828.925
893.165
Remuneración / Renta
50,0%
50,0%
49,5%
49,0%
48,4%
47,6%
fuente: INE
Pero es que, además de este hecho estructural -que obligaría a una revisión de las prioridades sindicales en la negociación-, se da un hecho coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no se volverán a repetir: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento de los ingresos públicos –y por tanto, de gasto social- como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en el próximo lustro son muy superiores al aumento de los ingresos derivados de la negociación colectiva para el conjunto de las empresas del país; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 40%) en España en comparación con la Unión Europea (un 48%), la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna necesaria, oportuna y posible.
GP/PIB
países
en %
Alemania
47,5
Francia
53,8
Reino Unido
43,9
Italia
48,5
España
40,5
Suecia
57,2
Holanda
46,2
UE-15
48,2
UE-25
48,1
GP = Gasto Público
Fuente: Eurostat, 2004[4]
Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida[5] se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla, es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno, de estructura económica similar. Así puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, agua, etc.
Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6], y aceptamos la definición de economía sumergida como la de “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida a partir de la supuesta estabilidad que ha de darse entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de una experiencia internacional en la correlación de estas variables[8]. El resultado del trabajo indica que los niveles de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fueron del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 184.000 mills. de euros [184.000 mills. = 18% de economía sumergida x 40% GP/PIB x 1.000.000 mills. de euros de PIB del año 2007]. Calculamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta (893.165 mills. de euros) y el Producto Interior Bruto (905.455 mills. de euros) del año 2005[9] (un 98,7%), y con ello pasamos a calcular lo que podríamos llamar “margen de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta de las rentas salariales (48%) del total emergido antes calculado (184.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría 87.200 mills. de euros [87.200 mills.= 48% GP/RNB x 98,7% RNB/PIB x 184.000 mills. de fraude].
Compárese estos 87.000 mills. de euros de techo de negociación[10] con los 14.200 mills. de euros de techo también máximo de negociación colectiva que surge del supuesto de un incremento medio del 3% en los salarios[11] para un 48% de participación de las rentas salariales en el RNB (14.212 mills. euros = 3% de incremento salarial x 48% Rentas salariales/RNB x 98,7% RNB/PIB x 1.000.000 mills. euros PIB). Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, porque suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto de la negociación colectiva y, por ende, sería el valor máximo del “estimador de influencia de los sindicatos”. Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude, pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación de 43.600 mills. de euros (43.600 mills. = 87.200 mills. x 50%), muy superior a los 14.200 mills., fruto de la hipotética y global negociación colectiva.
Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro. También, que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exigan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude; incluso apoyarle, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[12]. La dificultad sería mucho mayor en los temas de educación pública y Sistema Nacional de Salud por estar transferidas las competencias y perdurar autonomías gobernadas por los neoliberales del P.P[13]. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía sustancialmente, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar si no es a través de modificaciones de los tipos impositivos o de cambios en la tributación que tendieran a aumentar los ingresos fiscales del Estado.
[1] Puede verse la evolución del Estado de Bienestar hasta 1989 en “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión general”, por Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en “Política y Sociedad”, nº 2, 1989. Se puede obtener de internet tecleando en Google: españa “evolución del estado de bienestar”.
[2] Renta vital sería el conjunto de las rentas obtenidas a lo largo de la vida, de acuerdo con las teorías del ciclo vital y de la renta permanente de Modigliani y otros.
[3] Ver el cuadro en internet: http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rnd.xls
[4] Teclear en Google: eurostat ivana-jablonska “statistics in focus”
[5] También tiene otros nombres: oculta, no oficial, etc.
[6] “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, documento de trabajo, nº 184/2004.
[7] Definición de Frey y Weck-Hanneman (1984).
[8] Trabajos de Bahttacharyya (1990).
[9] INE, Contabilidad Nacional de España, Renta nacional disponible.
[10] Que correspondería a la eliminación total de la economía sumergida.
[11] Si el incremento medio de los salarios fuera del 3,5%, el techo de negociación colectiva sería de 16.600 mills. de euros.
[12] Que ha aumentado con la “ley de dependencia”. Otra cosas son los presupuestos.
[13] Aunque no es objeto de este trabajo, los 8 años del P.P. han supuesto retrocesos en la lucha contra el fraude, la economía sumergida pasó –según el estudio mencionado- de un 16,1% del PIB a un 18,2%, disminuyó el Gasto Social en relación al PIB y bajó la participación de las Rentas Salariales en la Renta Nacional, como también puede comprobarse en el cuadro del INE. Eso sí, el P.P. sacó la ley de defensa del contribuyente, como si la prioridad fuera la defensa de éste frente a la Administración Tributaria, cuando se daban y aún se dan altos niveles de fraude fiscal (y en las cotizaciones). Esto es la derecha española de ahora: por el mercado hacia dios, aunque el camino este empedrado de fraude, desigualdades impropias y mínimos salariales y en las pensiones insoportables.
Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo 2007
Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores- además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 40%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias y a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Todo esto obliga a una reflexión en el mundo sindical a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos ya muy cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi) y de sanidad pública del SNS. El cuadro adjunto es revelador de este hecho[3].
Renta nacional disponible (precios corrientes)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Remuneración de los asalariados
312.020
334.625
355.242
378.640
400.963
425.592
Renta nacional bruta (RNB)
624.655
669.696
718.188
773.449
828.925
893.165
Remuneración / Renta
50,0%
50,0%
49,5%
49,0%
48,4%
47,6%
fuente: INE
Pero es que, además de este hecho estructural -que obligaría a una revisión de las prioridades sindicales en la negociación-, se da un hecho coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no se volverán a repetir: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento de los ingresos públicos –y por tanto, de gasto social- como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en el próximo lustro son muy superiores al aumento de los ingresos derivados de la negociación colectiva para el conjunto de las empresas del país; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 40%) en España en comparación con la Unión Europea (un 48%), la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna necesaria, oportuna y posible.
GP/PIB
países
en %
Alemania
47,5
Francia
53,8
Reino Unido
43,9
Italia
48,5
España
40,5
Suecia
57,2
Holanda
46,2
UE-15
48,2
UE-25
48,1
GP = Gasto Público
Fuente: Eurostat, 2004[4]
Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida[5] se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla, es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno, de estructura económica similar. Así puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, agua, etc.
Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6], y aceptamos la definición de economía sumergida como la de “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida a partir de la supuesta estabilidad que ha de darse entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de una experiencia internacional en la correlación de estas variables[8]. El resultado del trabajo indica que los niveles de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fueron del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 184.000 mills. de euros [184.000 mills. = 18% de economía sumergida x 40% GP/PIB x 1.000.000 mills. de euros de PIB del año 2007]. Calculamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta (893.165 mills. de euros) y el Producto Interior Bruto (905.455 mills. de euros) del año 2005[9] (un 98,7%), y con ello pasamos a calcular lo que podríamos llamar “margen de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta de las rentas salariales (48%) del total emergido antes calculado (184.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría 87.200 mills. de euros [87.200 mills.= 48% GP/RNB x 98,7% RNB/PIB x 184.000 mills. de fraude].
Compárese estos 87.000 mills. de euros de techo de negociación[10] con los 14.200 mills. de euros de techo también máximo de negociación colectiva que surge del supuesto de un incremento medio del 3% en los salarios[11] para un 48% de participación de las rentas salariales en el RNB (14.212 mills. euros = 3% de incremento salarial x 48% Rentas salariales/RNB x 98,7% RNB/PIB x 1.000.000 mills. euros PIB). Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, porque suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto de la negociación colectiva y, por ende, sería el valor máximo del “estimador de influencia de los sindicatos”. Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude, pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación de 43.600 mills. de euros (43.600 mills. = 87.200 mills. x 50%), muy superior a los 14.200 mills., fruto de la hipotética y global negociación colectiva.
Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro. También, que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exigan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude; incluso apoyarle, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[12]. La dificultad sería mucho mayor en los temas de educación pública y Sistema Nacional de Salud por estar transferidas las competencias y perdurar autonomías gobernadas por los neoliberales del P.P[13]. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía sustancialmente, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar si no es a través de modificaciones de los tipos impositivos o de cambios en la tributación que tendieran a aumentar los ingresos fiscales del Estado.
[1] Puede verse la evolución del Estado de Bienestar hasta 1989 en “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión general”, por Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en “Política y Sociedad”, nº 2, 1989. Se puede obtener de internet tecleando en Google: españa “evolución del estado de bienestar”.
[2] Renta vital sería el conjunto de las rentas obtenidas a lo largo de la vida, de acuerdo con las teorías del ciclo vital y de la renta permanente de Modigliani y otros.
[3] Ver el cuadro en internet: http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rnd.xls
[4] Teclear en Google: eurostat ivana-jablonska “statistics in focus”
[5] También tiene otros nombres: oculta, no oficial, etc.
[6] “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, documento de trabajo, nº 184/2004.
[7] Definición de Frey y Weck-Hanneman (1984).
[8] Trabajos de Bahttacharyya (1990).
[9] INE, Contabilidad Nacional de España, Renta nacional disponible.
[10] Que correspondería a la eliminación total de la economía sumergida.
[11] Si el incremento medio de los salarios fuera del 3,5%, el techo de negociación colectiva sería de 16.600 mills. de euros.
[12] Que ha aumentado con la “ley de dependencia”. Otra cosas son los presupuestos.
[13] Aunque no es objeto de este trabajo, los 8 años del P.P. han supuesto retrocesos en la lucha contra el fraude, la economía sumergida pasó –según el estudio mencionado- de un 16,1% del PIB a un 18,2%, disminuyó el Gasto Social en relación al PIB y bajó la participación de las Rentas Salariales en la Renta Nacional, como también puede comprobarse en el cuadro del INE. Eso sí, el P.P. sacó la ley de defensa del contribuyente, como si la prioridad fuera la defensa de éste frente a la Administración Tributaria, cuando se daban y aún se dan altos niveles de fraude fiscal (y en las cotizaciones). Esto es la derecha española de ahora: por el mercado hacia dios, aunque el camino este empedrado de fraude, desigualdades impropias y mínimos salariales y en las pensiones insoportables.
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