20 jun 2007

SALARIOS, PRODUCTIVIDAD Y MERCADO DE TRABAJO

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Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, junio 2007


Relacionar salarios y productividad se trata sin duda de uno de los paradigmas neoliberales que dominan la corriente de pensamiento económico, dentro de un paradigma más amplio: que las relaciones económicas deben darse en el “mercado”, dentro del “mercado” y sólo en el “mercado”. El otro eje del neoliberalismo aparecía hasta hace poco como el de cuanto menos Estado de Bienestar, mejor. Digo hasta hace poco, porque lo que ha ocurrido siempre y ahora aparece más descarnadamente, es una suerte de “neoliberalismo farisaico”, que consiste en verbalizar el “sólo mercado”, pero utilizar los recursos públicos para solventar cuestiones privadas. Así vemos en España cómo los afectados de Afinsa y Filesa se han tornado intervencionistas y reclaman que el Estado les solucione el problema de la merma de sus ahorros por obra y gracia de los gestores de su fondo de inversión; en su día vimos a “mercaderes” practicando la economía libre de mercado con el aceite adulterado (la colza), y al final hemos sido entre todos, con nuestros impuestos, los que hemos compensado o paliado las actuaciones criminales –aunque sea por negligencia- de los “oferentes” de esa mercancía a través del “mercado”; hemos visto también al Sr. Bush compensando a las líneas aéreas por sus pérdidas a raíz de los atentados del 11-S, al mismo tiempo que disminuía los presupuestos para la educación y sanidad públicas; vemos y oímos al nuevo presidente de la CEOE reclamando inversiones “públicas” en Madrid, a la vez que alaba las virtudes del mercado libre de intromisiones; a los agricultores reclamando subvenciones para la agricultura; o a la Sra. Aguirre decir que “Zapatero estrangula Madrid” al mismo tiempo que disminuye las partidas para la escuela pública y construye o proyecta construir hospitales de propiedad privada con recursos públicos, o menoscaba los recurso fiscales de la comunidad de Madrid al rebajar los impuestos sobre el patrimonio y de sucesiones sin que se le caiga la cara de vergüenza. Los ejemplos podrían alargarse ad infinitum.


Salarios y productividad

Volviendo al tema de salarios y productividad, el paradigma neoliberal se muestra al establecer una relación de causa y efecto entre ambos y en un solo sentido. Hasta ahí la cosa parecería inocente si no fuera porque el fundamentalismo neoliberal establece el siguiente implícito esquema: a) la productividad del factor trabajo es siempre decreciente, que es tanto como decir que cuando aumenta el empleo, sea en el ámbito de la empresa, sea en un sector de la economía o en ésta en su conjunto, la productividad “necesariamente” baja; b) para la empresa es siempre lo óptimo que los trabajadores cobren de acuerdo con su productividad; c) lo que es bueno para las empresas una a una es bueno para el conjunto del país; d) el resultado es una asignación óptima de los recursos[1].
Una parte de este artículo trata de valorar este esquema a la luz del análisis económico para, por un lado, dotarlo de la precisión necesaria para su discusión y, por otro, para establecer sus límites, desenmascarar sus tópicos y desechar sus errores, quedándonos con lo que tenga de valioso. Creo que es importante porque, como quería el fallecido Althusser, “la lucha en la teoría” forma parte de la lucha de clases y el neoliberalismo es un enemigo para los que aspiran y aspiramos a una sociedad más justa, más libre y más igualitaria. El otro aspecto a resaltar en lo que sigue es la profunda confusión que los neoliberales y el neoliberalismo introduce entre lo positivo y lo normativo, entre las afirmaciones sobre la realidad y sobre lo que nos gustaría de como fueran las cosas, entre la realidad y el deseo, que es característico de las ideas que se transforman en ideologías, es decir, en doctrina y, por tanto, en pensamiento acientífico.
La idea de relacionar salarios y productividad ya aparece en Adam Smith cuando dice que los salarios están determinados por la productividad porque “en ese estado originario de la sociedad… el producto total del trabajo pertenece al trabajador. No tiene patrón con el que compartirlo”[2]. Otro de los grandes economistas del período clásico, David Ricardo, relaciona salario con rendimientos decrecientes del trabajo, como ocurre con cualquier factor que entre en la producción. Sin embargo, para este economista la retribución del trabajo depende más de un “fondo de salarios”, que es el dinero que el terrateniente adelanta al trabajador porque no puede esperar a la cosecha para alimentarse y alimentar a su familia. Los rendimientos decrecientes sería lo equivalente a la de la productividad de la época actual[3]. Marx rompe con estos esquemas y conceptos y entiende el salario como la retribución del “valor de la fuerza de trabajo”, que es lo que dar valor al producto y únicamente él, y que la diferencia entre el valor de la producción y el valor de esta “fuerza de trabajo” es la plusvalía, corazón y centro sobre el que gravita toda su gigantesca construcción sobre el capitalismo. El salario no vendría pues determinado por su productividad, sino por la capacidad de arrebatar a los propietarios de los medios de producción parte de la plusvalía generada por el propio trabajador; dependería, en definitiva, de la lucha de clases[4].
Vamos a entrar en materia sobre qué es o de qué se trata cuando hablamos de “productividad” con algo más de rigor de lo que hemos hecho hasta ahora, pero ello exige algo de paciencia porque no nos queda más remedio que darnos de bruces con las matemáticas, esa cosa que tanto temor infunde cuando neófitos nos acercamos a ella, pero que tanto nos recompensa cuando se entienden. ¿Dé donde ha salido eso de relacionar la productividad con el salario? Descendemos a nivel “micro” y podemos especificar lo que hace un empresario, un gestor de medios, recursos y trabajo ajeno y propio, es decir de lo que hace un empresario. Aúna trabajo (L) y recursos, medios de producción, maquinaria, instalaciones, materiales que transforma o simplemente comercializa. A todo esto lo llamamos “R”. Con todo esto obtiene un conjunto de productos y/o servicios (Q) que vende. A esta correspondencia entre trabajo (“L”) y medios de producción (“R”) lo hacemos corresponder con el resultado del negocio mediante la relación:

Q = f(L,R)

Este conjunto de “n” bienes y servicios (Qj para j = desde 1 a n), el empresario, comerciante, banquero, etc. lo vende al precio Pj (desde j=1 a n)[5] y con ello obtiene unos ingresos de:

Ingresos = suma de Pj x Qj , (para j=1 a j=n)

Esto no le ha salido gratis, porque ha tenido que pagar nóminas por trabajador (“Wj”), cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador (“Cj”), otros costes salariales no proporcionales a las horas de trabajo y el conjunto de materias, materias primas, amortizaciones del inmovilizado, maquinaria, alquileres, etc. que hemos llamado antes “R”. Los costes incurridos lo podemos resumir así:

Costes = suma de (Wj + Cj) x Lj + R (para j=1 a j=n)

siendo “Lj” el trabajo aplicado al producto o servicio “j”, y la suma de todos los recursos humanos (L) igual a la suma de Lj desde j=1 a j=n

L = suma de Lj (para j=1 a j=n)

De los anterior se desprende que los beneficios de esta empresa –de cualquier empresa- es la diferencia entre Ingresos y Costes, siempre que se incluyan todos los ingresos y todos los costes, también los costes de oportunidad. Pero el análisis económico no se queda en esta trivialidad sino que va más allá y recoge el guante neoliberal y establece como paradigma que el empresario/gestor debe asignar y pagar los recursos –en este caso sólo nos interesa el trabajo- de tal manera que maximice los beneficios. Es decir, que este empresario egoísta y calvinista maximiza la función:

Beneficios = Ingresos – Costes

Beneficios = suma de Pj x Qj - suma de (Wj + Cj) x Lj + R , (para j=1 a j=n)

Y derivando se obtiene que los salarios han de cumplir la ecuación:

suma Pj x df(Lj,R)/dLj x dLj/dL = suma (Wj + Cj) x dLj/dL
(para j=1 a j=n) (para j=1 a j=n)

No hace falta entrar en la complejidad de esta ecuación, sino saber que para que se cumpla lo anterior es condición suficiente –aunque no necesario- que se cumpla esta otra:

Pj x df(Lj,R)/dLj = Wj + Cj (para j=1 a j=n)

que expresado verbalmente quiere decir que los salarios (Wj) y la cotizaciones a la Seguridad Social (Cj) deben retribuirse según el valor de la productividad del trabajo (Pj x df/dL). Aunque al lego en la materia pueda sorprender el resultado, tiene sin embargo una lógica impecable: un empresario, gestor, dueño de un comercio, etc., si quiere maximizar sus beneficios debe emplear los recursos humanos entre las diferentes ocupaciones o productos (los “j”) de tal manera que lo que pague a cada trabajador sea igual a lo que aporta a los ingresos de la empresa el último trabajador asignado o contratado a “j”; si no fuera así y, por ejemplo en un banco, se obtuviera unos ingresos superiores en el departamento de tarjetas de crédito que en la sala de mercado de opciones, bueno sería que el director del banco llevara al departamento de tarjetas parte de los trabajadores de opciones; y si se sobrepasara y aportara ahora más a los ingresos totales del banco los del mercado de opciones, tendría el gestor que dar marcha atrás y devolver parte de los trabajadores del departamento de tarjeta al de opciones. El óptimo paretiano se alcanza cuando los trabajadores están asignados hasta que el valor de los ingresos marginales de todos los departamentos del banco sean iguales entre sí. Si además se pagan los salarios por un importe igual a estos valores, el empresario maximizará los beneficios, porque si los ingresos marginales obtenidos por la empresa por la última incorporación fuera mayor que el salario unitario pagado a todos los trabajadores, bueno sería para el empresario incorporar más trabajadores y añadir con ello más a los ingresos que a los costes; por el contrario, si el salario pagado a todos los trabajadores fuera superior a los ingresos marginales derivados de la última incorporación, la empresa mejoraría sus beneficios desprendiéndose de algunos de los trabajadores. Sólo cuando el salario pagado fuera igual al aumento de los ingresos originados por esta incorporación la empresa maximizaría la diferencia entre ingresos y gastos. Y esto vale para cualquier empresa por pequeña o grande que sea, trabaje en cualquier mercado y en cualquier sector[6].
Pasamos ahora hacer una crítica de esta visión[7], pero antes un comentario: lo primero que sorprende al lego en este tipo de análisis no es lo de la productividad sino lo de marginal. No estamos acostumbrados a pensar en términos marginales porque la inercia al acercarnos a esta materia es hacerlo implícita o explícitamente en términos de productividad media. Se trata sin duda de una conquista del pensamiento –y no sólo económico-, porque toda optimización obliga, no a fijarnos en el pasado (criterio de la media), sino en el futuro (criterio marginal), a valorar lo que hace la última unidad aportada al proceso y no lo que han hecho las predecesoras; obliga, como a la mujer de Lot, a no mirar atrás, a no añorar el pasado, sino a confiar y arriesgar por el futuro.
La primera crítica a este criterio de optimización es la visión absolutamente mercantilista y utilitarista del empresario como maximizador de beneficios sin otra preocupación, sin otros intereses, sin otras aspiraciones, exento de una brizna de altruismo. Hay detrás de esta sencilla formulación mucha ideología, mucha moral calvinista propia de la época y lugar (Inglaterra, 1776, A. Smith) donde nace la teoría económica, con permiso de fisiócratas, mercantilistas, escuela de Salamanca, etc. que les precedieron. Otra crítica es la de que el empresario debe atender a la solvencia de la empresa y sacrificar a veces el beneficio a corto plazo por la supervivencia de la empresa a largo plazo; también se han propuesto modelos de comportamiento centrados en la maximización de las ventas; además existe el comercio justo, el basado en el respeto a la naturaleza, contra la explotación infantil, etc., que no tienen como objetivo la maximización de beneficios. La maximización del beneficio es un objetivo, quizá el más importante para la mayoría de comerciantes, gestores, empresarios, pero no el único, sino a lo más un objetivo prioritario pero compartido con otros.
Otra crítica aún más severa es la que atañe a esa construcción intelectual que es la función de producción Q= f(L,R). Según la teoría clásica, esta función presenta rendimientos decrecientes para los factores de producción, de tal manera que a medida que aumenta el trabajo, aumenta la producción, pero en menor medida que lo que lo hizo aquél[8]. Estos rendimientos decrecientes –ahora productividad marginal- son cruciales para justificar la asignación óptima de los recursos a partir de la maximización de los beneficios, porque si los rendimientos son constantes o crecientes, el criterio de la igualación de los valores o ingresos marginales para asignar o repartir el trabajo ya no valen. Y los rendimientos constantes e incluso crecientes son muy frecuentes; así, una empresa puede obtener como mínimo rendimientos constantes duplicando una nave o haciendo otra empresa que sea copia de la existente.
Más críticas. Por ejemplo, la ignorancia. Si preguntamos a gestores, empresarios a comerciantes que conocemos de nuestro barrio si pagan a los empleados de acuerdo con la productividad marginal que aporta el último que ha entrado en la empresa te dirán que “si es eso todo lo que te enseñan en la facultad”. Ocurre que, al igual que en derecho la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento, así el propio comerciante o, empresario, buscando a ciegas lo que ha de pagar a los empleados o, alternativamente, calculando cuanto debe producir o vender y qué gasto le reporta cada cosa, se acercará a ciegas a estos criterios como esos perros viejos y ya casi ciegos buscan la comida o la mano amiga del amo. Aún así cometerán muchos errores en este sendero tan poco iluminado y muchos tendrán que cerrar el negocio, más por fruto de sus errores en estas cuestiones que por efecto de la competencia.
Otra también severa es la de que en el mundo de las democracias –aunque no sólo en estas- existen sindicatos que firman convenios fruto de la negociación colectiva, que acuerdan salarios iguales para puestos de trabajo homogéneos, aunque haya luego márgenes para que determinados trabajadores asciendan y/o les mejoren los sueldos la dirección de la empresa. Los neoliberales no ven en ello mayor objeción, porque casi sin advertirlo o haciendo lo posible para que no nos demos cuenta, pasan de lo positivo a lo normativo, del análisis de la realidad a lo que debiera ser la realidad, todo ello como en un juego de ping-pong en el que unas veces tuvieran para sí el lado de la mesa de la realidad y otras la de los deseos y tu asistieras como espectador al cambio de las reglas del juego. A pesar de todo, la gestión de la empresa le queda ese margen, ese juego de mejoras y ascensos para emplear criterios de productividad marginal que ya hemos visto.
Y por último y para no cansar, también hay otro punto negro de esta manera de asignar los recursos, porque hemos supuesto que estos son sustituibles entre sí, que son maleables y que no son complementarios. Si se piensa bien y se observa muchos procesos de producción, muchas empresas o simples comercios, las posibilidades de sustituir trabajo por capital, maquinaria, tecnología son muy limitadas. En una construcción, obra civil o en una gran infraestructura, pocas veces se puede sustituir, por ejemplo, obreros por grúas; la provisión a pie por un coche de reparto en un pequeño comercio; no hay –al menos por el momento- robots que sustituyan a cajeras en los supermercados; tampoco ordenadores que solucionen por sí mismos una reclamación de un apunte mal imputado de un cliente en una caja o en un banco, etc. Son mayoría o, al menos más significativos, los procesos basados en la complementariedad que en la sustitucionabilidad. Y si no hay de esta última, no hay manera de optimizar la asignación de recursos “marginalmente”, porque ésta exige suavidad, casi dulzura, en la sustitución en el margen de unos factores por otros[9].


Crisis y mercado de trabajo: visión histórica

La visión anterior sobre los salarios y la productividad no es sólo una explicación/justificación de la remuneración del trabajo bajo criterios optimizadores, sino que avanza o sirve a su vez para determinar la demanda de trabajo. Parece un hecho incontestable que la demanda de trabajo[10] por parte de los empresarios es decreciente como lo es cualquier mercancía, bien o servicio[11]. Esto no lo han inventado los neoliberales, pero sí han incardinado en la teoría económica la visión optimizadora en la construcción de una “función de demanda del trabajo” que tiene como base y justificación la relación entre salarios y productividad discutida anteriormente. En efecto, si sumáramos –al menos como hipótesis- todas las cantidades demandadas por cada producto (bien o servicio) homogéneo que actúa en un mercado para cada nivel de salarios de acuerdo con la relación entre salarios y productividad anterior, obtendríamos una “función demanda de trabajo” decreciente. Lo cual es admisible, pero recordando todos los supuestos que se han hecho hasta llegar a relacionar salarios y productividades: que los salarios se crean en un mercado libre sin tapujos, sin negociación colectiva; que se hace con criterios empresariales únicos de maximización de beneficios; que se dan rendimientos decrecientes del trabajo en la producción en todos los sectores de la economía; y que el trabajo se retribuye de acuerdo con la productividad incorporado a la empresa derivado de un aumento (o disminución) de la plantilla[12]. Otros aspectos que se dan en la realidad, como el de la complementariedad entre trabajo y resto de insumos en lugar de sustitucionabilidad, la fragmentación del mercado del trabajo en el espacio, la aparición del ocio como sustituto parcial del trabajo, etc. dificultan pero no impiden la construcción de una “función de demanda del trabajo” decreciente.
Parecería, prima facie, que todo lo anterior es un juego de salón, una discusión entre dualistas del intelecto deseosos de cubrir el tiempo libre. Nada más lejos. Detrás de todo esto está la justificación de la derecha –ahora en su versión neoliberal- para mantenerse en mundo “lampedusiano” donde las cosas se cambien precisamente para que nada cambie esencialmente. En el mundo neoclásico –aunque sólo sea como ensoñación de un mundo inexistente- donde no hubiera trabas en la contratación y despido de los trabajadores, no hubiera costes de despido, donde los salarios no tuvieran mínimos, donde no hubiera la posibilidad de defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, donde hubiera perfecta movilidad del trabajo, donde, en definitiva, el trabajo fuera una mercancía más disponible siempre para su contratación individualizada, sin leyes laborales; en un mundo así, en esa en esa “Alicia en el país de las maravillas”, no existiría paro. En efecto, si los empresarios pudieran contratar libremente sin condiciones, sin trabas, y bajar, o subir en su caso, los salarios, podría pensarse que sólo habría el paro llamado “friccional”, es decir el derivado de la búsqueda de trabajo y poco más. Un mundo así parecería que nunca debiera haber parados porque todo sería cuestión de bajar los salarios hasta casar las ofertas y las demandas. Por sorprendente que pueda parecer, esta visión tiene su refrendo académico, su justificación, y se conoce como el del mercado “walrasiano”[13]. Lo curioso es que este mundo ya ha existido: es en términos marxistas, el “modo de producción esclavista”, donde no había paro. Esta visión, aunque solapada y rehuyendo explicitarla por vergüenza o por ignorancia, es la que tiene la derecha en su versión neoliberal cuando reclama “el mercado”, sólo el mercado” y todo para “el mercado”. Ya hemos visto las objeciones de la “función de demanda” a partir de la “función de producción” así construida. A ello hay que añadir que la perfecta flexibilidad de salarios –y también de precios- no garantiza el pleno empleo, porque este viene determinado por un nivel de desarrollo, de inversiones, de riqueza acorde con la población activa; que históricamente el pleno empleo no se ha dado ni en los momentos de menor protección social de los trabajadores en el capitalismo, y que tuvo su momento y lugar, su tour de force, su prueba de fuego, su reválida en el año 29 en USA y fracasó. Allí en efecto, en el “nuevo mundo”, donde menos impedimentos había históricamente –al menos en los tiempos modernos- para que se diera la flexibilidad de precios y salarios y los despidos se compensaran inmediatamente con nuevas contrataciones, la visión que ahora llamamos neoclásica del funcionamiento de la economía fracasó: la crisis económica provocó que en muy poco tiempo la cuarta parte de la población ocupada hasta ese momento quedara en el paro. Incluso en esta situación, ilustres profesores como Joseph Schumpeter y Lionel Robbins “salieron a la palestra a exhortar concretamente a que no se hiciera nada”[14], confiando en que el mercado llevaría las aguas a su cauce. Tanto confiaba la administración Hoover en la visión neoclásica –la equivalente a la neoliberal de ahora-, que hubo que esperar a las elecciones de 1933 para que el nuevo presidente de USA, Franklin Roosevelt[15], cambiara de paradigma, implantara un gigantesco plan de ayudas desde el gobierno federal a la agricultura y a otros sectores de la economía (el new deal) y se saliera del atolladero.
Tal fue el batacazo que el paradigma neoclásico de “plena flexibilidad de precios y salarios” y pleno empleo asegurado fue sustituido en el campo de la “teoría” –en el de la práctica ya hemos visto que lo cambió la realidad y la nueva Administración USA- por un profesor del Cambridge inglés perteneciente al círculo de “los apostólicos” y que escribió un libro en 1936 titulado “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”: se llamaba John Maynard Keynes[16]. El libro es un criptograma, una mezcla de teoría neoclásica con aportaciones nuevas y con igual mezcla de lenguajes, pero tenía una virtud: se extraía la conclusión que, a diferencia de la concepción neoclásica, podía darse lo que los economistas llaman un equilibrio macroeconómico[17] con paro indeseado. Otra virtud es la de que permitía y casi obligaba a la intervención de la Administración en la economía en las situaciones de crisis sin que las costuras del capitalismo saltaran por los aires y se vieran sus vergüenzas. Era una teoría que podía contentar a todos: a la izquierda porque daba al Estado un papel en la economía que los neoclásicos negaban; a la derecha porque daba oxígeno al propio sistema de “relaciones de producción capitalista” sin romper sus esquemas básicos, su trabajo asalariado, su separación entre capital y trabajo; y a los propios sindicatos porque les exoneraba de sentimientos de culpa cuando se organizaban y luchaban por sus reivindicaciones salariales y de condiciones de trabajo. El propio sistema tenía fuelle y resortes para salir de las crisis de forma más o menos “lampedusiana”, pero, eso sí, con la ayuda del Estado, es decir, del Gasto Público.
Sin embargo, nada es eterno y a mediados de los años 70 los paradigmas –meras recetas a veces- de la “General Theory” se fueron desacreditando porque no daba explicaciones ni soluciones satisfactorias a otro problema que había estado latente: la inflación. Los hechos demostraban que eran compatibles la inflación y el estancamiento, en contra de lo que parecía desprenderse del libro de Keynes. A ello se añadió la crisis económica de los años 70 con la guerra del Yom Kippur y las subidas de los precios del petróleo del 73 y las subidas 79, y de nuevo los economistas y políticos se quedaron huérfanos de soluciones, aunque no, claro está, de explicaciones (¿o eran justificaciones?). El resultado es el nacimiento de un nuevo paradigma: el monetarismo de los “Chicago boys” y el Sr. Friedman, paradigma aplicado civilizadamente en el Reino Unido por la Sra. Tatcher y en USA por el Sr. Reagan en los 80, y menos civilizadamente en Chile, Argentina y otros países latinoamericanos. El nuevo paradigma se basaba en la inacción otra vez: cuanta menos intervención del Estado, mejor. La Administración sólo debería preocuparse de acompasar la creación de dinero a la economía real y pare usted de contar. Las crisis y ciclos económicos, paro, distribución injusta de la renta y la riqueza están en la naturaleza de las cosas y no se pueden cambiar: toda intervención pública es inútil para solucionar estos problemas y además es inflacionista. Si a este monetarismo se le suma la exaltación del mercado como “medida de todas las cosas” tenemos el neoliberalismo de ayer mismo; el de hoy es el de “intervencionismo neoliberal”, es decir, la conquista del poder para utilizar los recursos públicos con fines privados. Y aquí estamos, con la Sra. Aguirre, la reelegida presidenta de la Comunidad de Madrid, poniendo en práctica estas teorías –aunque dudo que las conozca pormenorizadamente- en la sanidad pública y en la educación pública, y bajando de nuevos los impuestos sobre el patrimonio, sucesiones, etc.


Mercado de trabajo español y propuesta de soluciones

En el momento actual el problema más acuciante del mercado de trabajo no es tanto el paro (un 8%) sino el de la precariedad del empleo, especialmente por la contratación temporal y que se ceba principalmente entre jóvenes, mujeres e inmigrantes. La temporalidad aún no baja del 30% de la población ocupada a pesar de que estamos creciendo a un ritmo de casi el 4% del PIB y hay que empezar a preguntarse: ¿hasta cuando aplazamos la solución? Es verdad que el gobierno, sindicatos y organizaciones patronales que lo han firmado han obtenido un éxito aceptable y esperanzador con la ley “43/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo”, convirtiendo en menos de un año 882.970 empleos temporales en indefinidos y creando 764.012 indefinidos[18] directamente.

cuadro 1
Resultado Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y el empleo
Conversiones =
882.970


Iniciales =

764.012


totales =

1.646.982


fuente: Ministerio de Asuntos Sociales



El aspecto negativo son los costes de oportunidad de la Administración en otras partidas del presupuesto por las subvenciones y la incógnita del comportamiento de empresarios y contratadores en el próximo futuro cuando se acaban aquéllas. Para comparar estas medidas con las anteriores tomadas por el gobierno de Aznar se adjunta el cuadro 2.

cuadro 2
Conversiones a fijos al 2º semestre
2002
246.430

2003
244.291

2004
274.632

2005
321.981

2006
670.238

fuente: Ministerio de Asuntos Sociales

Tampoco es irrelevante la diferencia de los ingresos salariales entre contratación indefinida y temporal. Como puede verse en el cuadro 3, el ingreso medio de los contratos indefinidos es superior en un 65% a los contratos temporales (determinados), lo cual resulta inadmisible, porque una gran parte de estos contratos no son de jóvenes que obtienen un primer empleo y podrían justificarse en la fase de aprendizaje, sino que son una forma consolidada de contratación que se extiende a todo tipo de edades y que se ceba especialmente en jóvenes, mujeres e inmigrantes.

cuadro 3
Ganancia media anual por tipo de contrato, año 2002



indefinida
determinada
ind./det.
España =

22.132
13.440
1,65
Resto de Europa =
30.758
15.659
1,96
fuente : INE (encuesta de estructura salarial)



Por todo ello, una medida que aquí se propone es la creación de 2 salarios mínimos: uno para la contratación indefinida y otro para la contratación temporal (determinada), siendo más alto el de la contratación temporal que el de la indefinida. Esto puede resultar sorprendente, pero lo que resulta absurdo es que un tipo de contrato –el indefinido- tenga todas las desventajas para el contratador y otro, el temporal, tenga todas las ventajas, porque de ello da lugar necesariamente a un comportamiento empresarial perverso: no se elige el contrato por las características del trabajo o por que el trabajador esté aún en la fase de aprendizaje laboral, sino por el menor coste del contrato. Eso puede favorecer a la cuenta de resultados de las empresas de los empresarios o gestores con menos escrúpulos, pero da lugar a asignaciones ineficientes del trabajo entre las empresas del mismo sector al no asignarse el trabajo de acuerdo con capacidades y experiencias de los trabajadores.

cuadro 4




Salario mínimo, año 2006
diferencias con España

ppp
pps
absolutas
en %
Portugal
437
510
-212
-29%
España
631
722
0
0%
Grecia
668
785
63
9%
Irlanda
1.293
1.050
328
45%
Bélgica
1.234
1.184
462
64%
Francia
1.218
1.128
406
56%
R. Unido
1.269
1.202
480
66%
Holanda
1.273
1.210
488
68%
fuente: Eurostat (Statistics in focus)




En el cuadro 4 podemos ver en términos de poder de compra (pps) lo alejado que estamos de los países que en Europa tienen regulado el salario mínimo. Así, Francia nos sobrepasa en un 56%, Reino Unido en un 66%, etc., incluso Grecia nos supera en un 9%. Por todo ello se propone una subida sustancial del salario mínimo que sirva de auténtica garantía para evitar situaciones de explotación inaceptables en España en el 2007 y los 570 euros actuales no representan ningún colchón mínimo[19]. De acuerdo con la teoría de los “salarios de eficiencia”, no deben ser los salarios los que se adecuen a la productividad, sino que es ésta, merced a las inversiones, innovaciones, mejor gestión, etc., la que debe adaptarse al salario para elevar la productividad del sistema económico en su conjunto. Sólo se podría hacer excepción en los contratos de aprendizaje, pero si se regulara de tal manera que se evitara el uso perverso del mismo.
Con el fin de tener un salario mínimo no arbitrario o discrecional, podrían implementarse estas dos medidas: a) debiera ligarse al salario medio en un porcentaje fijado por ley; b) que fuera objeto de negociación obligatoria en los convenios colectivos con el fin de adecuar –aumentándolo o no- este mínimo a las condiciones y posibilidades de cada sector. Con ello reduciríamos las ineficiencias a que da lugar todo mínimo, toda subvención fija.

gráfico 1

El gráfico 1 podría representar la oferta de trabajo de un sector u ocupación de la economía o de la economía en su conjunto, es decir, representa el número de trabajadores/horas de trabajo que la población activa está dispuesta a trabajar (eje horizontal) a cada nivel de salario (eje vertical)[20]. Este pretende representar una característica de la oferta de trabajo: cuando la población activa supera con holgura a la población ocupada, los empresarios pueden encontrar trabajo asalariado disponible sin subir apenas el salario (zona elástica); sin embargo, a medida que la población en paro va disminuyendo en relación a la población activa, los empresarios encuentran cada vez más dificultades en encontrar trabajadores disponibles y deben aumentar exponencialmente la contrapartida salarial y además esperar a veces un cierto tiempo hasta lograrlo (zona inelástica). Eso ocurre desde luego muy desigualmente según sectores, ocupaciones, sexo o zonas geográficas[21]. Llegado este punto cobra importancia la fijación de la cuantía del salario mínimo. Si este se fija en un nivel cercano al salario medio cuando estamos en la zona elástica de la oferta de trabajo corremos el peligro de que la oferta (la de los trabajadores que figura en el gráfico 1) exceda en mucho a la demanda y se produzca paro indeseado y/o economía sumergida; en cambio si la situación de la economía se acerca al pleno empleo, el salario mínimo puede acercarse a su vez más al salario medio sin peligro de que se produzca exceso de oferta y paro indeseado.
La economía española está entrando en esa fase (8% de paro global). Sin embargo esta medida no puede ser general precisamente por variabilidad de las tasas de paro según zonas y sectores, por lo que en los actuales niveles de paro sería fundamental el papel de los sindicatos en la fijación de los salarios mínimos sectoriales a través de los convenios colectivos. En esta situación puede tener un efecto purificador un salario mínimo más cercano al salario medio porque permitiría echar del mercado a los “empresarios” sin escrúpulos y/o defraudadores y obligaría a mejorar la gestión e invertir e innovar para mejorar la cuenta de resultados en lugar de hacerlo mediante salarios bajo.
La tercera medida, casi revolucionaria, sería la de cambiar el criterio lineal de las cotizaciones a la Seguridad Social y sustituirlo por un criterio que fuera creciente durante los primeros años de cotización, llegar a un máximo, para disminuirlas en los últimos años de la vida laboral del trabajador y de tal manera que la suma actualizada de ambos sistemas -el lineal y el variable- fuera la misma. Desde el punto de vista de la asignación del trabajo entre empresas y sectores/ocupaciones este sistema tendría ventaja de que las cotizaciones se adecuarían a la productividad de los trabajadores; en efecto, éstas van de menos a más porque a la preparación teórica se añade la experiencia y a ésta, la fuerza e iniciativas propias de la juventud, para ir cayendo a medida que estas últimas se ven mermadas y no se compensan con nuevas experiencias o con una formación teórica más elevada.

gráfico 2

Veamos la cuarta. El relativo éxito en conversión y/o creación de empleo indefinido reciente con motivo de la ley del crecimiento y el empleo deja como efecto secundario el defecto de estas medidas: que sólo tienen en cuentas los modelos de contratación y algunas de las características del trabajador, pero no el desigual comportamiento de los empresarios en sus conversiones y contrataciones según sectores y ocupaciones. Podemos ahora medir por sectores/ocupaciones las elasticidades de empleo respecto a las subvenciones. Es por tanto una ocasión de oro para valorar las relaciones “contratos realizados/costo de las subvenciones”[22] en cada sector/ocupación y que nuevas experiencias de este tipo lo tengan en cuanta para dividir lo presupuestado por ley entre sectores/ocupaciones de tal manera que se maximice el empleo creado por euro gastado.
Veamos cómo se puede plantear esto con un poco de matemáticas. Sea “Li” la oferta potencial de trabajo temporal correspondiente al sector u ocupación “i”, y sea “L” la suma de todo la oferta potencial de trabajo temporal medido en número de trabajadores u horas de trabajo:

L = L1 + L2 + ….+ Ln
(siendo “n” el número de sectores u ocupaciones)

Sea “ai1” las subvenciones por trabajador u horas de trabajo en el sector u ocupación “i” para el monto de euros gastados, por ejemplo, para los mayores de 45 años (ley 43/2006). De esto se obtiene:

S1 = a11 x L1 + a21 x L2 + a31 x L3 + …. + an1 x Ln

siendo “S1” el total de las subvenciones gastadas correspondiente a la partida “mayores de 45 años”.
Podríamos así seguir y establecer ahora el coeficiente “ai2” correspondiente a las subvenciones por trabajador u horas de trabajo del sector “i” dedicadas a los jóvenes entre 16 y 30 años. Con esto obtendríamos:

S2 = a12 x L1 + a22 x L2 + a32 x L3 + ….. + an2 x Ln

y los coeficientes “aik” serían las subvenciones destinadas al epígrafe “k” en el sector “i. Ahora podemos presentar la cuestión como un problema de programación lineal, siendo la función objetivo a maximizar:

L = L1 + L2 + …. + Ln
(siendo “n” el número de sectores u ocupaciones)

sujeto a las restricciones:

S1 = a11 x L1 + a21 x L2 + a31 x L3 + .…+ ai1 x Li + ….+ an1 x Ln
S2 = a12 x L1 + a22 x L2 + a32 x L3 + .…+ ai2 x Li +....+ an2 x Ln
…………………………………………………….…………………………………………
Sm = a1m x L1 + a2m x L2 + a3m x L3 + .…+ aik x Li +....+ anm x Ln

siendo los “m” todos los epígrafes de la ley 43/2006 y “n” todos los sectores u ocupaciones. Con ello se obtendría los “Li” trabajadores potenciales en los sectores “i” y, lo que es más importante, el gasto destinado por sectores y epígrafes (los aikxLi) y el destinado a los epígrafes “k” (los “Sk”), con la seguridad de que se estaría gastando de la mejor manera posible según los comportamientos empresariales en la contratación y conversión de temporales a indefinidos a de la ley 43/2006. El Ministerio tiene todos los datos sobre gastos y contratos indefinidos y convertidos imputables a la ley de crecimiento y empleo.
Alternativamente la cosa se puede plantear de otra manera menos restrictiva. A partir de la experiencia de la ley 43/2006 sabemos los empleos indefinidos directos creados y convertidos por sectores u ocupaciones (Li) y el Ministerio tiene la información sobre el gasto en subvenciones también por sector u ocupación (Si). Con ello podemos obtener los:

Ci = Li / Si (desde i=1 a n)

que serían los ”coeficientes de de sensibilidad” del empleo respecto a la subvención de cada sector u ocupación. Además, la Administración podría repartir el presupuesto total en Subvenciones (S) entre todos los sectores con criterios proporcionales al empleo creado de tal manera que se cumpliera que las subvencionas destinadas a cada sector (Si) fueran mayores o iguales que la cantidad presupuestada (Pi):

Si >= Pi (desde i=1 a n)

La resultante es de nuevo un problema de programación lineal consistente en minimizar la función objetivo:

S = S1 + S2 + ….+ Sn

sujeto a las restricciones:

L = c1 x S1 + c2 x S2 + ….+ cn x Sn

Si >= Pi (desde i=1 a n)

De aquí se obtendrían las subvenciones por sector (Si) que minimizan el gasto destinado a las subvenciones. Este sistema deja una gran libertad en las restricciones por sectores u ocupaciones porque sólo se exige que la Subvenciones de cada sector (Si) sean mayores que una cierta cantidad (Pi). Esto se puede completar estableciendo alguna función (“f”) que relacione a ambas proporcionalmente (Pi = f(Si)). Así, y siguiendo el criterio anunciado al principio, se podría repartir la próxima vez las subvenciones en proporción a las elasticidades de “empleo/subvención”, tomando como sustrayendo del incremento del empleo y la subvención los correspondientes valores estimados de la ley anterior. Así, se podría definir lo siguiente:

L(43,i) = como el empleo adjudicable a la ley 43/2006 en el sector “i”
L(ant,i) = el empleo adjudicable a la ley anterior en el sector “i”
S(43,i) = subvenciones correspondientes a la ley 43/2006 en el sector “i”
S(ant,i) = subvenciones correspondientes a la ley anterior en el sector “i”

y con esto calcularíamos la elasticidad del empleo respecto a la subvención para el sector “i” como:

elast(43/ant,i) = [[L(43,i) - L(ant,i)] / L(ant,i)] / [[S(43,i) - S(ant,i)] / S(ant,i)]
(desde i=1 a n)

Ahora calculamos lo que anteriormente hemos llamado “coeficientes de sensibilidad” del empleo respecto a la subvención (C(43/ant,i)) tal que:

C(43/ant,i) = elast(43/ant,i) / S(43,i) (desde i=1 a n)

Estos coeficientes de sensibilidad permitirían distribuir las subvenciones en una posible ley futura simplemente repartiendo aquellas en proporción a los coeficientes[23].
Con estas propuestas, y más allá de las técnicas matemáticas empleadas, se trata de jerarquizar y priorizar los sectores u ocupaciones donde se haya demostrado más capacidad de creación/conversión de contratos laborales y, por ende, de empleo.






[1] Una asignación óptima en sentido de Pareto, que es, por cierto, perfectamente compatible con una asignación absolutamente desigualitaria de los recursos. Un criterio paretiano en un asignación de recursos se da cuando no se puede mejorar la satisfacción de un consumidor (o productor) sin empeorar la de algún otro. Es un criterio deseable tanto en el consumo como en la producción. Norte, justificación y punto final para muchos economistas conservadores que creen el mercado como criterio único de asignación de recursos en la producción y en el consumo. La razón de ello es que desde un punto de vista meramente axiológico (y casi angelical), hay una correspondencia entre una economía hipotéticamente de competencia perfecta en todos los mercados y una asignación paretiana (primer y segundo teorema de la Teoría del Bienestar). Pero la cosa tiene al menos 2 problemas: uno, que no tiene nada que ver con el mundo real; dos, que el criterio paretiano es perfectamente compatible con una distribución de la renta y la riqueza tal que el 1% de la población tuviera el 99% de la renta y riqueza, y el 99% restante tuviera sólo el 1%. Que se utilice este instrumental para valorar empresas, situaciones de mercado y formas de regulación es comprensible; que se utilice como meta de reparto o cómo ideal de una ideología es inaceptable: es condenar a millones de seres humanos del planeta al hambre, a la enfermedad y a la ignorancia en aras de unas bondades del mercado que no existen ni han existido nunca.
[2] “La Riqueza de las Naciones”.
[3] Para una explicación sucinta de estas ideas véase “Historia de teoría económica y de su método”, de Robert B. Ekelund y Robert F. Hébert.
[4] Véase “Trabajo asalariado y capital”.
[5] No entramos ahora cómo se fijan los precios.
[6] Omito que si no se trabaja en un mercado de competencia perfecta –y eso es lo normal-, en lugar de un precio de un producto lo que se tiene son “ingresos marginales”, porque los precios no son un dato sino que pueden variar según el nivel de producción. Entrar en esto sería complicar en exceso el tema y no aportaría nada a la cuestión que aquí se trata.
[7] Una corriente de pensamiento actual son los salarios de eficiencia que invierte la relación causa y efecto entre productividad y salarios: en términos matemáticos diríamos que la variable independiente son los salarios y la dependiente el nivel de productividad, además de hacer algunas hipótesis sobre el comportamiento de trabajadores y empresarios. Dicho de otra manera: para los empresarios el salario es un dato y si quieren maximizar sus beneficios tienen que adaptar su productividad al mismo. Se puede ver en “Macroeconomía avanzada”, que aparece en otra nota, pero también en la página web: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=164254 se puede obtener el artículo de Mª Ángeles Carballo Pou “Salarios, productividad y empleo: la hipótesis de los salarios de eficiencia”.
[8] Un matemático diría que la primera derivada “df/dL”>0, pero la segunda “d2f/dL2”<0
[9] Como quiera que este trabajo va dirigido a una publicación de ámbito sindical, he omitido algunas críticas más técnicas en el texto principal, pero hay que decir que incluso éstas han surgido dentro del corpus de la teoría económica y ya en la década de los 60 y posteriores hubo autores muy críticos –el caso de Jean Robinson- con el paradigma neoclásico de la relación inversa entre precio de los factores y productividad. Así surgió el conocido problema del “retorno de las técnicas”, donde se estudiaba y demostraba que esa esa relación no es permanente y depende de los precios de productos y factores. La crítica se generalizó con la publicación de un libro revolucionario dentro del campo del análisis económico: “Producción de mercancías por medio de mercancías”, de Piero Sraffa. Escrito en los años 20 pero traducido al inglés en los 60 (¡40 años!), donde el mismo título lo indica todo: el capital desaparece como fantasma y se sustituye por lo que en realidad es, trabajo acumulado. No me resisto a traer a colación lo que dicen del libro Ernesto Screpanti y Stefano Zamagni en “Panorama de historia del pensamiento económico”: “el beneficio no puede explicarse por la contribución productiva del factor capital y su escasez, sino que queda como un excedente cuyo tamaño depende únicamente de las relaciones sociales y técnicas con las que se produce capitalistamente un ouput final determinado”.
[10] Resulta sorprendente y significativo que en el mundo sindical llamen demandantes de trabajo a los trabajadores que quieren trabajar en lugar de oferentes. Este error induce a confusión. Así, son los empresarios los que demandan trabajo, los que contratan, y la curva de demanda es decreciente porque a más salario, los empresarios estarán dispuestos a contratar a menos trabajadores/horas de trabajo y, por el contrario, a menos salarios más trabajadores/horas de trabajo. Si, como dicen los sindicatos, fueran los trabajadores los que demandaran empleo –en lugar de ofrecerse a trabajar, como realmente ocurre-, ante un aumento de la “demanda” (versión sindical) debiera ocurrir que aumentara el empleo y subieran los salarios simultáneamente. Pues no ocurre eso: ante un aumento de “la demanda” (versión sindical), sí ocurre que aumenta el empleo, pero disminuyen los salarios (en lugar de aumentar). Lo que ha ocurrido en realidad es que el empleo ha aumentado ante una mayor oferta de trabajadores/horas de trabajo dispuestos a trabajar, pero sólo a cambio de una disminución de los salarios.
[11] Salvo los llamados “bienes inferiores”.
[12] Se suele decir que de acuerdo con la productividad del último trabajador incorporado. A mí esta expresión no me gusta porque parece culpabilizadora y errónea: el problema es la disminución marginal de la productividad como consecuencia del aumento de la plantilla sin que haya aumentado el resto de los medios de trabajo.
[13] Puede verse en “Macroeconomía avanzada”, de David Comer, pág. 446, edición Mac Graw-Hill.
[14] “Historia de la Economía”, de John K. Galbraith, pág. 213, editorial Ariel, 1989.
[15] Tan importante fue la decisión de Roosevelt, con la mayor parte de sus consejeros en contra imbuidos por la teoría neoclásica, que el escritor Carlos Fuentes lo elige como el personaje más importante del siglo XX.
[16] Recomendable el libro de Enrique Ballestero “Introducción a la teoría económica” para este punto, págs. 426 y siguientes, edición Alianza Universidad Textos.
[17] Precisamente lo que se entiende por “macroeconomía” nace a raíz de la popularización de estas ideas. El equilibrio lo sería entre la demanda agregada, es decir, consumo privado, más inversiones, más gasto público, más exportaciones, por un lado, y producción interior más importaciones, por otro.
[18] Según datos del propio Ministerio de Asuntos Sociales.
[19] Sin dejar de reconocer que los mayores aumentos relativos del salario mínimo desde hace tiempo lo ha hecho el gobierno actual.
[20] Ya he mencionado que en el sindicato se confunde la oferta con la demanda de trabajo.
[21] Así ocurre que mientras en la provincia de Navarra sólo hay paro “friccional” en la provincia de Cádiz hay un paro del 20%; y mientras en la Comunidad de Madrid estamos cerca del paro masculino friccional y todavía un paro femenino de 2 dígitos.
[22] Lo expresamos así a sabiendas de que la elasticidad es el cociente de los incrementos relativos de 2 variables que se suponen ligados por una relación de causa y efecto.
[23] Esta es una nota difícil. Aunque pueda parecer lo contrario, los criterios de programación lineal para la optimización del empleo y el último, el de la proporcionalidad de las subvenciones respecto a las elasticidades, no darían los mismos resultados. Lo ideal sería el criterio marginal, como siempre: es decir, lo ideal sería que las subvenciones se repartieran entre los sectores u ocupaciones de tal manera que el último euro aplicado por sector u ocupación diera los mismos aumentos marginales de empleo creados o convertidos para cada sector. Ello no se puede hacer porque no tenemos una función no lineal que relacione subvenciones y empleos. En cuanto al criterio de reparto proporcional a la elasticidad hay que decir que es menos inocente de lo que parece. En realidad, en este sistema de reparto está implícito una función que, al igual que el cuento del “Retablo de las Maravillas” de Cervantes, los personajes no se ven. La elasticidad esconde una función que relaciona 2 variables por los logaritmos de sus valores. Sin embargo, esta función parece representativa del tema que nos ocupa, porque la forma de la función es crecientemente creciente, sin máximo y sin punto de inflexión, pero con crecimiento suave a medida que se avanza en la variable independiente (las subvenciones). Indica agotamiento, muy acorde con la realidad de la que tratamos: en efecto, la realidad indica que si quisiéramos avanzar en la creación de más empleo con más subvenciones, nos encontraríamos tarde o temprano que el empleo creado lo sería cada vez en menor proporción que el dinero gastado, aunque con diferencias marcadas entre zonas geográficas y sectores.

19 may 2007

SALARIO NOMINAL Y SALARIO SOCIAL

-
Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo 2007


Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores-, además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones, desempleo, vivienda protegida- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 38%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias, a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, a disminuir los prespuestos para la vivienda protegida, etc., de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Queda, por lo tanto, mejorar y aumentar los componentes del Estado De Bienestar, luchando contra las tendencias neoliberalizadoras.

cuadro 1
Renta nacional disponible (precios corrientes)





2000
2001
2002
2003
2004
2005
Remuneración de los asalariados
312.020
334.625
355.242
378.640
400.963
425.592
Renta nacional bruta (RNB)
624.655
669.696
718.188
773.449
828.925
893.165
Remuneración / Renta
50,0%
50,0%
49,5%
49,0%
48,4%
47,6%
fuente: INE







Todo esto obliga a una reflexión a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que, para amplias capas de la población, nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi), de sanidad pública del SNS, viviendas protegidas, rentas de integración, ayudas públicas a diversos colectivos, etc., que los ciudadanos en general, y los trabajadores en particular, van a recibir a lo largo de su vida. El cuadro nº 1 es revelador de este hecho[3], porque indica una tendencia a la baja de las rentas salariales y a la vez que se da una mayor participación del Gasto Público en el PIB desde hace ya más de 2 décadas[4].

cuadro 2


GP/PIB en %
países
2004
2005
Alemania
47,5
46,7
Francia
53,8
54,2
Reino Unido
43,9
45,5
Italia
48,5
48,2
España
40,5
38,2
Suecia
57,2
56,4
Holanda
46,2
45,7
UE-15
48,2
47,6
UE-25
48,1
47,4
GP = Gasto Público
PIB = Producto Interior Bruto
Fuente: Eurostat (Statistics in focus)

Pero es que, además de este hecho estructural -que obligaría a una revisión de las prioridades sindicales en la negociación-, se da un hecho coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no volverán a repetirse: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento marginal de los ingresos públicos –y por tanto, de gasto social- como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en el próximo lustro, son muy superiores al aumento de los ingresos derivados de la negociación colectiva; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 38%) en España en comparación con la Unión Europea (un 47,6%)[5], la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna necesaria, oportuna y, sobre todo, posible.
Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana y la griega de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante, existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno de estructura económica similar. Así, puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, calefacción, agua, etc.
Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6] y aceptamos la definición de economía sumergida como la de aquella que abarca a “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida a partir de la supuesta estabilidad que se da entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de una experiencia internacional en la correlación de estas variables[8]. El resultado del trabajo indica que el nivel de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fue del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 180.000 mills. de euros[9]. Utilizamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta y el Producto Interior Bruto[10] (98,7 para el año 2005[11]), que se mueve en un entorno del 98.5% en la última década. Con ello calculamos lo que podríamos llamar “techo de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta del Gasto Social sobre el Presupuesto (50%) del total emergido (180.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría 34.200 mills. de euros[12] anuales (ver cuadro 3).
Compárese estos 34.200 mills. de euros de techo de negociación[13]institucional con los 16.500 mills. de euros anuales (col.2007a), también de techo de negociación -pero en este caso colectiva-, que surge del supuesto de un incremento medio del 3,5% en los salarios para un 48% de participación de las rentas salariales en la Renta Nacional Bruta (RNB)[14]. Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, si, siendo optimistas, suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto de la negociación colectiva y, por ende, el de valor máximo de la “capacidad de negociación colectiva”.

cuadro 3
2007 a
2007 b
2008
2009
2010
2011
2020








Negociación institucional







PIB (con 3% de increm.) =
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.030.000
1.060.900
1.092.727
1.305.910
Incorporación emergida al PIB

90.000

20.000
21.000
21.638
66.862
PIB con crecimiento del 3% e incorporado lo emergido



1.050.000
1.081.900
1.114.365
1.372.772
Niveles de fraude =
18%
9%
18%
16%
14%
12%
6%
Economía sumergida =
180.000
90.000
180.000
168.000
151.466
133.724
82.366
Presupuesto s/ PIB =
38%
38%
39%
40%
41%
42%
48%
Gasto Social / Presupuestos
50%
50%
50%
51%
52%
53%
58%
Margen de negociación =
34.200
17.100
35.100
33.619
31.666
29.189
21.814








Negociación colectiva







PIB =
1.000.000
1.090.000
1.000.000
1.050.000
1.081.900
1.114.365
1.372.772
Rentas salariales / RNB =
48%
48%
48%
47%
47%
47%
45%
RNB / PIB =
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
98,5%
Incremento medio salarial =
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
3,5%
2,5%
Incremento salarial =
16.548
18.037
16.548
17.013
17.530
18.056
15.212








Negociación institucional =
34.200
17.100
35.100
33.619
31.666
29.189
21.814
Negociación colectiva =
16.548
18.037
16.548
17.013
17.530
18.056
15.212
Diferencia =
17.652
-937
18.552
16.606
14.135
11.133
6.602








Salario Nominal =
472.800
515.352
472.800
486.098
500.866
515.895
608.481
Gasto Social =
190.000
190.000
195.000
210.120
226.184
243.241
363.565
G. Social / S. Nominal =
40,2%
36,9%
41,2%
43,2%
45,2%
47,1%
59,7%








Diferencia = GS -SN =
282.800
325.352
277.800
275.978
274.682
272.654
244.916
Diferencia / PIB =
28,3%
32,5%
27,8%
26,3%
25,4%
24,5%
17,8%








RNB = Renta Nacional Bruta; PIB = Producto Interior Bruto; GS = Gasto Social; SN = Salario Nominal
datos absolutos en millones de euros






del 2014 al 2020 se supone un incremento medio anual del 2%





Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude[15], pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación institucional de 17.100 mills. de euros[16] (col.2007b), similar a los 18.000 mills. de euros obtenidos a través de la negociación colectiva[17].
Hemos adjuntado un cuadro (nº 3) con diferentes situaciones hipotéticas. Así, se ensaya con sucesivas situaciones de fraude (18%, 9%, 16%, 14%, 12% y 6%), con aumentos de la relación entre Presupuestos y PIB (del 38% al 48%), con aumentos también del Gasto Social en relación al Presupuesto (del 50% al 58%) y variación de los salarios medios (3,5%, 2,5%); hipótesis todas ellas realistas, posibles e, incluso, necesarias.
Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro; también que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exigan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude -incluso apoyarle y exigirle más ahínco-, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[18]. La dificultad sería mucho mayor en los temas de educación pública, Sistema Nacional de Salud, vivienda, por estar transferidas total o parcialmente las competencias, y perdurar autonomías gobernadas por los neoliberales del P.P[19], cuya ideología, como se sabe, eleva a los altares el mercado y, simultáneamente, trata de matar al Estado de Bienestar como Teseo al Minotaruo. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía que aún navega oculta en procelosos mares, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar vía recaudación y, entonces, habrá que recurrir a modificaciones de los tipos impositivos o, en general, cambios en la tributación que tiendan a aumentar los ingresos fiscales del Estado para aumentar y mejorar los servicios públicos.
[1] Puede verse la evolución del Estado de Bienestar hasta 1989 en “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión general”, por Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en “Política y Sociedad”, nº 2, 1989. Se puede obtener de internet tecleando en Google: españa “evolución del estado de bienestar”.
[2] Renta vital sería el conjunto de las rentas obtenidas a lo largo de la vida, de acuerdo con las teorías del ciclo vital y de la renta permanente de Modigliani y otros.
[3] Ver el cuadro en internet: http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rnd.xls
[4] Puede verse en la evolución de los presupuestos en relación al PIB.
[5] Cual es tamaño óptimo del Sector Público es una cuestión abierta (cuadro 2). Los neoliberales se apoyan en la curva de Laffer para defender la disminución de su tamaño. La curva relaciona recaudación y nivel medio de impuesto, y establece un máximo (el óptimo) entre ambos; de ahí se pasa a relacionar Gasto Público y PIB. En Europa se demuestra que los países más avanzados, como son los nórdicos, Alemania, Francia, etc. han mantenido una relación entre ambos cercano al 50% durante décadas, cuando no lo han sobrepasado. El caso alemán –que no llega al 50%- se ha visto perjudicado por la reunificación, el galo ha sobrepasado con creces el 50%, el italiano apenas aprovecha su porcentaje cercano a ese 50% por la enorme deuda pública que arrastra y el liberal Reino Unido está en un 45,5%. Estos datos me llevan a pensar que nuestro óptimo “laffertiano” debería perfilarse a partir del 45% de GP sobre PIB a medio plazo; a largo plazo no hay pitonisa o casandra– o sea economista de plumilla- que lo otee.
[6] “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, documento de trabajo, nº 184/2004. (www.funcas.ceca.es/Publicaciones/InformacionArticulos/Publicaciones.asp?ID=1072)
[7] Definición de Frey y Weck-Hanneman (1984).
[8] Trabajos de Bahttacharyya (1990).
[9] [180.000 mills. de euros = 18% de economía sumergida x 1.000.000 mills. de euros de PIB del año 2007]
[10] Que para el año 2005 vale 98,7% [98,6% = 893.165 mills. de euros de RNB / 905.455 mills. de euros de PIB]
[11] INE, Contabilidad Nacional de España, Renta nacional disponible.
[12] [34.200 mills. = 38% de Presup./PIB x 50% de GS/Presup x 180.000 mills. de fraude]
[13] Que correspondería a la eliminación total de la economía sumergida.
[14] [16.548 mills. euros = 3,5% de incremento salarial x 48% de Rentas salariales/RNB x 98,5% de RNB/PIB x 1.000.000 mills. euros de PIB]
[15] Y menos aún cuando no lo hemos sido con los 8 años de gobierno del P.P.
[16] [17.100 mills. de euros = 38% Presup/PIB x 50% GS/Presup x 90.000 mills. de economía sumergida]
[17] [18.037 mills. de euros = 3,5% de incremento salarial x 98,5% RNB/PIB x 48% Rentas Salariales/RNB x 1.090.000 mills. de PIB]
[18] Que ha aumentado con la “ley de dependencia”. Otra cosa son los presupuestos.
[19] Aunque no es objeto de este trabajo, los 8 años del P.P. han supuesto retrocesos en la lucha contra el fraude, la economía sumergida pasó –según el estudio mencionado- de un 16,1% del PIB a un 18,2%, disminuyó el Gasto Social en relación al PIB y bajó la participación de las Rentas Salariales en la Renta Nacional, como también puede comprobarse en el cuadro del INE. Eso sí, el P.P. sacó la ley de defensa del contribuyente, como si la prioridad fuera la defensa de éste frente a la Administración Tributaria cuando se daban y aún se dan altos niveles de fraude fiscal (y en las cotizaciones). Esto es la derecha española de ahora: por el mercado hacia Dios, aunque el camino este empedrado de fraude, desigualdades impropias y mínimos salariales y en las pensiones insoportables.

14 may 2007

SALARIO NOMINAL versus SALARIO SOCIAL, aquí y ahora

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Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo 2007


Hay una arraigada tradición en el mundo sindical de considerar que la negociación colectiva es el núcleo duro del trabajo sindical, mientras que la negociación del salario social entre sindicatos, organizaciones empresariales y el gobierno de la nación es la guinda de la negociación, lo que da prestigio, marchamo de seriedad a los sindicatos y “estabilidad” al sistema económico. Eso podía estar justificado en el pasado porque salíamos de una dictadura donde había que consolidar derechos laborales –Estatuto de los trabajadores- además de los salariales, porque el presupuesto del Estado no llegaba al 30% del PIB y porque los pilares del Estado de Bienestar[1] –educación pública, sanidad pública, pensiones- aún se estaban construyendo o generalizando para todos los ciudadanos. Sin embargo hace más de una década que las cosas han cambiado a pesar de los años de plomo de los gobiernos del P.P. Hoy la participación del Gasto Público en el PIB está en torno al 40%, las pensiones están generalizadas y acordadas según criterios del Pacto de Toledo, la educación obligatoria se extiende hasta los 16 años (secundaria), y toda la población residente es población protegida por el Sistema Nacional de Salud. Los problemas surgen porque aún las dotaciones presupuestarias no son suficientes y porque las comunidades autónomas gobernadas por el P.P. tienden a privatizar las prestaciones sanitarias y a potenciar la enseñanza privada o concertada vía prepuestos frente a la pública, de acuerdo con los criterios neoliberales de que están imbuidos los políticos del partido conservador. Todo esto obliga a una reflexión en el mundo sindical a partir de unos datos que son reveladores: hoy día, en España, estamos ya muy cerca de que las rentas obtenidas por los trabajadores dentro de la empresa no representen mayoría de la renta vital[2], sino que nos acercamos a un “fifty-fifty”, a un 50% entre estas rentas salariales, por un lado, y el conjunto de ingresos derivados del desempleo, las pensiones (contributivas y no contributivas) y las subvenciones obtenidas en términos de educación gratuita (o casi) y de sanidad pública del SNS. El cuadro adjunto es revelador de este hecho[3].


Renta nacional disponible (precios corrientes)





2000
2001
2002
2003
2004
2005
Remuneración de los asalariados
312.020
334.625
355.242
378.640
400.963
425.592
Renta nacional bruta (RNB)
624.655
669.696
718.188
773.449
828.925
893.165
Remuneración / Renta
50,0%
50,0%
49,5%
49,0%
48,4%
47,6%
fuente: INE







Pero es que, además de este hecho estructural -que obligaría a una revisión de las prioridades sindicales en la negociación-, se da un hecho coyuntural que parece haber pasado inadvertido para los sindicatos y que abre unas perspectivas y posibilidades que en un futuro no muy lejano no se volverán a repetir: el enorme fraude fiscal y en las cotizaciones que se da en España y los aún altos niveles de economía sumergida. Ambas cosas están relacionadas, aunque no son la misma. Ahora vamos a por los datos, pero adelantamos que podemos afirmar que las posibilidades de aumento de los ingresos públicos –y por tanto, de gasto social- como consecuencia de la lucha contra el fraude fiscal y en las cotizaciones en el próximo lustro son muy superiores al aumento de los ingresos derivados de la negociación colectiva para el conjunto de las empresas del país; si a eso le añadimos el dato de que aún estamos lejos del óptimo entre Gasto Público y PIB (un 40%) en España en comparación con la Unión Europea (un 48%), la cosa, la exigencia sindical de un aumento de la participación del Gasto Social en relación con el PIB, se torna necesaria, oportuna y posible.


GP/PIB

países
en %

Alemania
47,5

Francia
53,8

Reino Unido
43,9

Italia
48,5

España
40,5

Suecia
57,2

Holanda
46,2

UE-15
48,2

UE-25
48,1

GP = Gasto Público

Fuente: Eurostat, 2004[4]

Vayamos con el fraude. Los niveles de economía sumergida[5] se han venido estimando en torno al 20% del total de la actividad económica, la más alta junto a la italiana de los países de la Unión Europea de los 15. La dificultad de estimarla, es extrema por la propia naturaleza del objeto. No obstante existen algunos criterios de estimación mediante indicios y/o signos externos, por comparación con países de nuestro entorno, de estructura económica similar. Así puede estimarse por los niveles de consumo eléctrico o energético por PIB, porque cualquier actividad, por oculta, opaca o sumergida que sea, no puede evitar gastar luz, teléfono, agua, etc.
Aquí traemos a colación el estudio de Ángel Alañón Pardo y Miguel Gómez de Antonio[6], y aceptamos la definición de economía sumergida como la de “todas las actividades económicas no registradas que de algún modo contribuyen al Producto Interior Bruto”[7]. Estiman los autores la economía sumergida a partir de la supuesta estabilidad que ha de darse entre algunas variables que indican la carga fiscal y las variables que componen la base monetaria (algún agregado monetario), fruto de una experiencia internacional en la correlación de estas variables[8]. El resultado del trabajo indica que los niveles de economía sumergida en el 2002 en relación al PIB fueron del 18,2%. Con este dato, y bajo los supuestos de que no haya variado apenas el nivel de fraude en el presente con respecto al 2002 y el de proporcionalidad entre fraude fiscal (y en las cotizaciones) y economía sumergida, obtenemos un techo de fraude de 184.000 mills. de euros [184.000 mills. = 18% de economía sumergida x 40% GP/PIB x 1.000.000 mills. de euros de PIB del año 2007]. Calculamos ahora la relación entre la Renta Nacional Bruta (893.165 mills. de euros) y el Producto Interior Bruto (905.455 mills. de euros) del año 2005[9] (un 98,7%), y con ello pasamos a calcular lo que podríamos llamar “margen de negociación del Salario Social”, que sería aquel que correspondería al trozo de tarta de las rentas salariales (48%) del total emergido antes calculado (184.000 mills.). Este “margen de negociación del Salario Social” valdría 87.200 mills. de euros [87.200 mills.= 48% GP/RNB x 98,7% RNB/PIB x 184.000 mills. de fraude].
Compárese estos 87.000 mills. de euros de techo de negociación[10] con los 14.200 mills. de euros de techo también máximo de negociación colectiva que surge del supuesto de un incremento medio del 3% en los salarios[11] para un 48% de participación de las rentas salariales en el RNB (14.212 mills. euros = 3% de incremento salarial x 48% Rentas salariales/RNB x 98,7% RNB/PIB x 1.000.000 mills. euros PIB). Este sería el margen máximo de influencia de los sindicatos, porque suponemos que todos los incrementos de las rentas salariales son fruto de la negociación colectiva y, por ende, sería el valor máximo del “estimador de influencia de los sindicatos”. Es evidente que no podemos ser tan ambiciosos y exigir un éxito en tan poco tiempo en la lucha contra el fraude, pero incluso con una “reflotación” del 50% de lo sumergido en una legislatura, obtendríamos un margen potencial de negociación de 43.600 mills. de euros (43.600 mills. = 87.200 mills. x 50%), muy superior a los 14.200 mills., fruto de la hipotética y global negociación colectiva.
Como colofón a estos cálculos, hay que decir que ambas cosas no son incompatibles, porque los actores principales son distintos: en la negociación colectiva lo son los sindicatos y organizaciones empresariales; en la negociación del salario social lo son el gobierno de la nación y los autonómicos, por un lado, y los sindicatos, por otro. También, que la negociación colectiva hace tiempo que viene encauzada en temas salariales en torno al IPC y no admite muchas sorpresas y, por lo tanto, especiales dificultades que exigan grandes movilizaciones. No debería haber problemas con felicitar al gobierno de la nación por los éxitos relativos que está obteniendo en la lucha contra el fraude; incluso apoyarle, pero, simultáneamente, volcar la negociación sindical hacia la consolidación y aumento presupuestario de los componentes del aún insuficiente Estado de Bienestar[12]. La dificultad sería mucho mayor en los temas de educación pública y Sistema Nacional de Salud por estar transferidas las competencias y perdurar autonomías gobernadas por los neoliberales del P.P[13]. La ocasión es propicia porque, una vez disminuidos los niveles de fraude y emergida la economía sustancialmente, no habrá “margen coyuntural” de mejora del Estado de Bienestar si no es a través de modificaciones de los tipos impositivos o de cambios en la tributación que tendieran a aumentar los ingresos fiscales del Estado.

[1] Puede verse la evolución del Estado de Bienestar hasta 1989 en “Orígenes y evolución del Estado de Bienestar español en su perspectiva histórica. Una visión general”, por Gregorio Rodríguez Cabrero, profesor de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid, en “Política y Sociedad”, nº 2, 1989. Se puede obtener de internet tecleando en Google: españa “evolución del estado de bienestar”.
[2] Renta vital sería el conjunto de las rentas obtenidas a lo largo de la vida, de acuerdo con las teorías del ciclo vital y de la renta permanente de Modigliani y otros.
[3] Ver el cuadro en internet: http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/rnd.xls


[4] Teclear en Google: eurostat ivana-jablonska “statistics in focus”
[5] También tiene otros nombres: oculta, no oficial, etc.
[6] “Estimación del tamaño de la economía sumergida en España: un modelo estructural de variables latentes”, de la Fundación de las Cajas de Ahorro, documento de trabajo, nº 184/2004.
[7] Definición de Frey y Weck-Hanneman (1984).
[8] Trabajos de Bahttacharyya (1990).
[9] INE, Contabilidad Nacional de España, Renta nacional disponible.
[10] Que correspondería a la eliminación total de la economía sumergida.
[11] Si el incremento medio de los salarios fuera del 3,5%, el techo de negociación colectiva sería de 16.600 mills. de euros.
[12] Que ha aumentado con la “ley de dependencia”. Otra cosas son los presupuestos.
[13] Aunque no es objeto de este trabajo, los 8 años del P.P. han supuesto retrocesos en la lucha contra el fraude, la economía sumergida pasó –según el estudio mencionado- de un 16,1% del PIB a un 18,2%, disminuyó el Gasto Social en relación al PIB y bajó la participación de las Rentas Salariales en la Renta Nacional, como también puede comprobarse en el cuadro del INE. Eso sí, el P.P. sacó la ley de defensa del contribuyente, como si la prioridad fuera la defensa de éste frente a la Administración Tributaria, cuando se daban y aún se dan altos niveles de fraude fiscal (y en las cotizaciones). Esto es la derecha española de ahora: por el mercado hacia dios, aunque el camino este empedrado de fraude, desigualdades impropias y mínimos salariales y en las pensiones insoportables.

11 may 2007

GENÉRICOS Y NO GENÉRICOS: UN ANÁLISIS MICROECONÓMICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DILEMA

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Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo de 2007

Resumen:

Este trabajo trata del dilema que se plantea en el mundo de la farmacopea entre genéricos y no genéricos y la fijación de precios. La empresas farmacéuticas y laboratorios se caracterizan porque son una estructura oligopolística donde se investiga nuevos principios activos, nuevas moléculas, bajo patentes otorgadas por las administraciones sanitarias; también porque presentan costes decrecientes merced a las cuantiosas inversiones iniciales para conseguir nuevos fármacos que lanzar al mercado. Ambas características –patentes y costes decrecientes- originan dificultades insalvables si se deja a las empresas operar libremente en el mercado porque se cae en el dilema de elegir entre la producción con eficiencia, la viabilidad empresarial o un coste fiscal. En este trabajo se aporta una solución mediante un órgano regulador de carácter público que opere con reglas precisas que se enumeran en el último epígrafe y que intentan dar satisfacción a las partes.

Palabras clave: patentes, genéricos, farmacéuticas, órgano regulador
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Abstract:

GENERIC MEDICAMENTS AND PATENTED DRUGS: A MICROECONOMIC ANALYSIS

The present study addresses the dilemma raised in the pharmacopoeia industry between generic and non generic medicaments and price assessment. The pharmaceutical enterprises and the laboratories are oligopolistic structures where new active principles and molecules are investigated, and many of them carry out patents given by public health authorities. These enterprises also have decreasing costs because their considerable initial investments to obtain new drugs to place in the market. Both characteristics -patents and decreasing costs- originate insurmountable difficulties if these enterprises operate freely in the market, because it falls in the dilemma to choose between efficient production, enterprise viability, or tax costs for the Public Finance. In the present study I bring a solution by the means of a controller public agency that operates with precise rules, enumerated in the last epigraph, and that attempt to satisfy all parts.

Keywords: patents, generics, pharmaceuticals, controller Public Agency




GENÉRICOS Y NO GENÉRICOS: ANÁLISIS MICROECONÓMICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL DILEMA

Antonio Mora Plaza
Economista
Madrid, mayo del 2007


Costes decrecientes, Costes medios y costes marginales

Partimos del hecho de que el sector farmacéutico en el mundo es un oligopolio constituido por un puñado de grandes empresas multinacionales[1], de las cuales las 10 primeras representan el 58% del mercado mundial en el año 2003 según la revista Fortune[2]. Su estructura de costes viene determinado por las cuantiosas inversiones en investigación necesarias para lanzar un producto nuevo, una nueva molécula o un nuevo principio activo, que sólo se pueden recuperar a lo largo del tiempo cuando llega la fase de comercialización del producto final, del fármaco[3] correspondiente, una vez superados los controles, los ensayos clínicos, etc[4]. Podemos afirmar que estamos en presencia de empresas –farmacéuticas, laboratorios- que se caracterizan porque sus costes son decrecientes, con una clara diferenciación entre costes variables medios y costes totales derivado de sus importantes inversiones iniciales[5]. Si ello es así, no existe una curva de oferta del sector tal y como explica la teoría económica convencional para el caso de la competencia perfecta o casi. Ello implica que no hay ni puede haber, aunque sólo sea por este “fallo del mercado”, asignación eficiente; dejamos al margen distribuciones injustas, encarecimiento del producto por la oligopolización del sector y la capacidad de imponer sus criterios por el sólo hecho del destino de sus productos: la salud. Es un caso similar al de sectores de la economía como el de la telefonía, agua, gas, electricidad, que incurren en cuantiosos gastos en la cometida de instalaciones, traída y almacenaje y redes de distribución, pero que luego trabajan con costes variables y marginales muy bajos para hacer llegar los suministros a los consumidores finales, sean estos empresas o particulares. Pero no es sobre este “fallo del mercado”[6] que recoge la “teoría económica” sobre la que versa este trabajo. Lo importante o lo característico de estas empresas en las que los costes son decrecientes es que los gestores se ven obligados a elegir entre ser eficientes o no dar pérdidas, aunque no piensen este dilema en estos términos, sino como un problema de recuperación de la inversión acometida. Me explico. Cualquier empresa que quisiera hacer máximos sus beneficios –y no hay que pensar que las farmacéuticas son una excepción- debe producir al nivel que hace igual su ingreso marginal con su coste marginal; dicho de otra manera, debe llevar su nivel de producción de cada producto diferenciado –en este caso un fármaco o medicamento- tal que los ingresos que recibe por la última unidad vendida sea igual a su coste, porque de no hacerlo, y si su ingreso por esa unidad fuera superior a su coste, le convendría seguir aumentando la producción y comercializando su producto; por el contrario, si el coste marginal de la última unidad vendida fuera superior a su ingreso, más le valiera pararse e incluso, si puede, echar marcha atrás, porque está produciendo por exceso, añadiendo más a sus costes totales que a sus ingresos totales. Esto vale para cualquier producto, bien o servicio, para cualquier empresa que opera en cualquier mercado, sea competitivo, oligopolístico, monopolístico, etc.[7] Si la empresa no trabaja en un mercado competitivo –y estos son excepción en la economía de mercado realmente existente-, se producirán los siguientes resultados indeseables: a) una producción inferior a la que daría lugar si el mercado fuera competitivo, porque en este caso la empresa apenas tendrá margen para influir en el precio y se verá obligada a producir a un nivel que iguale el precio que señala el mercado –con un pequeño margen- al coste marginal que incurre en su producción, aumentando con ello su producción, dando mejor satisfacción a las necesidades de los consumidores (en este caso los usuarios del sistema sanitario); b) al producir la empresa –en este caso farmacéuticas y laboratorios- al nivel en que los ingresos marginales iguala a los costes marginales merced a la monopolización concedida (patente), se producirá una apropiación por parte de la empresa de lo que los economistas llaman “excedente del consumidor”, por comparación con una empresa que operara en un entorno competitivo o que aceptara el papel paramétrico de los precios[8]; c) se da también una pérdida de bienestar, porque parte del excedente se pierde -tanto para la empresa como para el consumidor- por producir a un nivel en el que los costes marginales no son iguales a los precios que se darían en un entorno competitivo[9] o con aceptación paramétrica de los precios[10].
Antes de seguir hay que hacer un alto en el camino, tomar aire y quizá algo de alimento, porque ciertamente no es fácil asimilar estas ideas, estos conceptos, si no se esta acostumbrado a la jerga -caja de herramientas para Jean Robinson- de los economistas que, prima facie, parecen alejados del mundo real. Por suerte o por desgracia no es así, y el instrumental microeconómico[11] tiene ya varios siglos de existencia y podemos considerarlo como un precipitado intelectual de una experiencia histórica.
El lector informado sobre los problemas del mundo sanitario, con los precios de referencia, la utilización de las patentes, etc., puede cuestionar lo pertinente de lo anterior –y lo que sigue- al menos por 3 posibles motivos: 1) puede poner en duda el comportamiento de fijación de precios y cantidades anteriores con los criterios marginales por el desconocimiento de los gestores sanitarios sobre estos temas; 2) en el mejor de los casos y suponiendo adiestrados en el manejo conceptual de lo anterior, puede dudar nuestro conspicuo lector de que las farmacéuticas lleven un control de los costes de cada producto que lanzan al mercado tal que les permita evaluar sus costes e ingresos marginales, sus costes medios, variables, etc.; 3) en el caso español los precios no son libres y las empresas del ramo tienen que actuar bajo los criterios de “precios de referencia”, tanto si existe un genérico en el mercado con principios activos equivalentes como si no[12]. Sobre las 2 primeras objeciones diría que no hay probablemente ningún gestor en el mundo que tenga un conocimiento de sus costes e ingresos marginales que le permita fijar precios y niveles de producción de cada producto de acuerdo con estos criterios con total precisión, aunque cuanto más lo conozca y actúe en consecuencia mejor le irá a la empresa. Sin embargo, la experiencia cotidiana en la gestión de la empresa, el conocimiento del mercado en el que se desenvuelve, la propia cuenta de resultados, acabarán atrapando sus decisiones –como un atractor, como un agujero negro- bajo la férula de estos criterios, incluso aunque los desconozca y, eso sí, cometiendo muchos errores por el camino. Sobre el tercer punto se puede aducir que nos movemos en mercados oligopolísticos con precios –en España- de referencia, que desvirtúan estos criterios. Ocurre que el objeto de este trabajo es analizar las dificultades de estas situaciones y criterios y presentar una alternativa.
Y ahora damos un paso y la cosa se complica aún más, porque la característica de este sector son los costes decrecientes que ya hemos mencionado. Con una empresa con costes decrecientes –o rendimientos crecientes-, la autoridad sanitaria se encuentra con el problema de qué precio de compra –en su caso, de referencia- o qué criterio debe fijar para satisfacer simultáneamente a los posibles usuarios (población protegida) del medicamento, a la cuenta de resultados de la empresa y, por último, al erario público por la pérdida de ingresos fiscales derivados de la diferencia entre el precio de compra del fármaco a la empresa farmacéutica y la dispensa de fármacos a los usuarios del SNS en forma gratuita o con copago. Caben las siguientes soluciones[13]: 1) dejar que sea la empresa la que libremente fije el precio de salida. Sabemos entonces que la empresa maximizará sus beneficios si produce y fija el precio al nivel en el que los ingresos marginales igualan a los costes marginales. Ya hemos visto lo que eso significa: producción insuficiente[14], precios caros, apropiación del excedente del consumidor, pérdida para empresa y consumidores de otra porción de excedente y asignación ineficiente de los recursos para el sector; 2) fijar un precio tal que la empresa produzca a un nivel que iguale los costes marginales al precio mencionado: con ello no se producirá pérdidas de eficiencia en el sector y sí la máxima cantidad de medicamentos posible; el aspecto negativo es que la empresa verá mermada su cuenta de resultados porque los costes medios superarán a los costes marginales y a la larga será inviable; 3) fijar el precio para que produzca al nivel que cubra los costes medios. En este caso no habrá pérdidas y la empresa será viable, pero se producirá igualmente ineficiencia en el sector porque ésta –la eficiencia- sólo se da cuando se fija con el criterio del punto anterior. La ventaja, en cambio, respecto al primer criterio, es que la pérdida del excedente del consumidor y el compartido será menor, pero mayor si lo comparamos con el criterio 2. El nivel de producción del medicamento en cuestión será mayor que en el caso del monopolio (patente), pero menor que en el de un entorno competitivo o con aceptación paramétrica de los precios (punto 2).
Lo sentimos por los creyentes del catecismo neoliberal: el cuento de hadas sobre las excelencias de la economía libre de mercado como portadora de asignaciones eficientes y bondades maximizadoras se ha topado con el mundo real. Ha sido un bello sueño de una noche de verano, producto de lecturas de citas del libro del Sr. Smith[15], de músicas marginalistas austriacas y de silbidos paretianos[16].
En el mundo real, de tejas abajo, cada vez hay menos mercados competitivos[17], la información sobre los bienes y servicios que producen las empresas es siempre insuficiente y deficiente, se dan externalidades, bienes públicos, rendimientos crecientes, etc., que impiden caminar por la senda inmaculada de las bondades paretianas. En el caso de la farmacopea podría resumirse lo dicho hasta ahora como que el mercado, dejado a su libre albedrío, no puede fijar los precios con criterio de eficiencia al menos por dos motivos: porque estamos en un mercado oligopolístico, que además se convierte en un monopolio para cada fármaco cuando se otorga una patente; y porque la existencia de costes decrecientes impiden fijar precios que simultáneamente den satisfacción a la cuenta de resultados y representen asignaciones y niveles de producción de eficiencia.
Por este motivo -y también fruto de un proceso histórico-, surgen las patentes en la farmacopea, a pesar de que estemos hablando de la salud y no de cualquier invento. A ello hay que añadir las incertidumbres sobre la posibilidad de nuevos medicamentos que aparezcan durante la vida de la patente que, aunque con distintos principios activos, ofrezcan análogos resultados; las diferentes demandas de estos productos según estemos en países sin sistema público de salud donde la demanda es privada y en otros –como el nuestro-, donde la demanda es pública en un altísimo porcentaje merced a la existencia de sistemas públicos; la masiva eliminación de aspirantes a nuevo fármaco que se produce desde la selección de nuevos principios activos[18], de nuevas moléculas, hasta la conversión en un producto listo para su uso[19]; la posibilidad de cambios legislativos, de cambios de criterio en la OMC forzados por la situación trágica y de desamparo de una parte de las poblaciones americanas, africanas y asiáticas[20]; etc. Fruto de este dilema, a veces se llega a comportamientos de las empresas farmacéuticas éticamente inaceptables, a veces fraudulentas, a veces se saltan o se precipitan en la fase de los ensayos clínicos, a veces se trasladan al “Tercer Mundo” la producción o los ensayos desde los países de origen, a veces se denuncian a un Estado[21], a un país, por producir genéricos para este tercer mundo tan supeditado a los avatares y necesidades del primero[22].
Hacemos un alto en el camino y recogemos la consideración de patente de la OMC que citan Carles Codina y Elena del Cacho: “patente es el título otorgado por el Estado que confiere a su propietario el monopolio en la explotación industrial y comercial de la invención que se patenta durante un período de tiempo determinado”[23]; por el contrario, genérico sería “aquel medicamento que, desarrollado y fabricado conforme a todas las normas vigentes, presenta la misma composición cuantitativa y cualitativa que el medicamento de referencia, siendo además bioequivalente con éste”.
Para escapar o solucionar estos problemas, R. Helms, del American Enterprise Institute[24], señala que “a la hora de vender, los productores tienen incentivos para separar mercados para, mediante discriminación de precios, maximizar sus beneficios”. La explicación de este comportamiento se debe a la posibilidad de que la empresas en general –en este caso las farmacéuticas y laboratorios- puedan apropiarse de una parte del excedente del consumidor vendiendo a los compradores –particulares y estados- a diferentes precios, dado precisamente la falta de competencia en el sector. La inmoralidad que supone comerciar con productos donde se juegan la salud millones de seres humanos hace difícil el arbitraje[25] y, con ello, la defensa del excedente para el consumidor, es decir, para el enfermo, paciente o usuario del sistema de salud.
Por supuesto que esta discusión, este dilema entre costes medios y marginales, fijación de precios y uso de las patentes se presenta en los medios de comunicación, administración sanitaria, farmacéuticas y laboratorios bajo otro aspecto. El dilema es: o se asegura a las empresas farmacéuticas y laboratorios la recuperación de sus inversiones mediante una patente, con lo que supone de monopolización de un producto durante muchos años[26] con fijación de precios de recuperación, o se atiende a las necesidades médico-sanitarias de este planeta, que la mayor parte de las veces y para millones de seres humanos, ni pueden esperar ni acceder a los medicamentos con precios de recuperación. Se han aportado y se aportan soluciones varias[27], pero no parecen aún satisfactorias. Aquí se aporta una más en el último capítulo de este trabajo.

La eficiencia: entre el mito y la ignorancia

En los últimos tiempos se viene utilizando esta palabra para aplicarla a cualquier cosa, para justificar cualquier medida que pueda resultar impopular; es un fetiche al que los neoliberales adoran con fruición; pedestal, tótem y tabú de la “economía libre de mercado” para los que adoran el mercado como los creyentes reverencian sus mitos religiosos. No importan que confundan eficacia, productividad y eficiencia en un “totus revolution”. Lo grave es que estos conceptos, que expresan deseos -a veces incluso bienintencionados- más que realidades, han calado en el ámbito de la salud[28] y llevado a las autoridades competentes a colocar, por ejemplo, a gestores con el título de “economistas” bajo el brazo al frente de hospitales y centros médicos sin tener conocimientos medico-sanitarios. Vamos a aclarar que es eficiencia para la economía y lo vamos a aplicar a la salud y la prevención: el resultado puede ser sorprendente. Dicen Fernando Esteve y Rafael Muñoz de Bustillo[29] que es “la cuestión de la eficiencia, es decir, el cómo extraer el máximo partido a los escasos bienes y recursos de que dispone la sociedad en cada momento del tiempo…”; Andrés S. Suárez Suárez señala en un primer momento[30] que “…una actuación económica es eficiente cuando, con un presupuesto de gastos dado, se maximiza el resultado obtenido, o, equivalentemente, cuando dado un resultado a alcanzar, éste se consigue con el mismo coste o sacrificio”, pero luego aclara que –y con ello sale de la generalidad de la cita anterior- “la teoría microeconómica convencional se ocupa de la eficiencia asignativa. Supone que los inputs tienen unas especificaciones determinadas y producen unos resultados también determinados de acuerdo con una determinada función de producción, en la que se resume el mejor procedimiento tecnológico susceptible de ser aplicado a dicho cometido”. Más tarde concreta el concepto aún más cuando se refiere “al ámbito productivo de la empresa” y dice que “un proceso o procedimiento productivo es técnicamente eficiente con respecto a otro u a otros cuando, para obtener la misma cantidad de output (producto), consume menos de algunos inputs (al menos de uno) y no más de los restantes”. Para Lionel Robbins “la Economía es la Ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios limitados que tienen diversa aplicación”[31]. Es este un concepto moderno porque, curiosamente, no aparece como entrada en la “Historia del Análisis Económico”, el libro de los libros de economía, de J. A. Schumpeter[32]. Paul Samuelson, en el texto de introducción a la Economía más vendido de todos los tiempos[33]dice que “la Economía es el estudio de la manera en que los hombres y la sociedad terminan por elegir, con dinero o sin él, el empleo de unos recursos productivos “escasos” que podrían tener diversos usos para producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo, presente o futuro, entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. Analiza los costes y beneficios derivado de la mejora de los patrones de distribución de los recursos”. Aparte de esa curiosa distinción que hace entre “los hombres” y “la sociedad”, el autor americano añade al menos dos cosas más frente a la idea de Robbins: primero, no sólo considera que los “recursos” deban tener “diversos usos”, sino que debe producir “diversos bienes”; segundo, pone el tema de la distribución como problema económico en la última parte de su definición frente a la de Robbins, que la dejaba huérfana. De las citas anteriores y cuando se pasa de las generalidades a conceptos más técnicos, se va desvelando qué es y cómo se aplica el concepto de eficiencia: no es simplemente producir más con menos medios, no es algo tan trivial; un comportamiento es eficiente cuando tenemos la posibilidad de utilizar diversos medios para obtener un mismo resultado. Así, en el campo de la energía podemos obtener electricidad con diversos inputs (medios) primarios: podemos obtenerlo de los ríos (hidráulica), del airado Eolo (eólica), del rubicundo Febo (solar), del carbón, del gas, de la biomasa, del oro negro (petróleo), del átomo (nuclear), etc. Un proceso en este sector será eficiente técnicamente si para cada Kw/h obtenido se han combinado diversas fuentes primarias -medidas en tep[34]-, de tal manera que no se puede mejorar el resultado sin aumentar algún input; y se hablará de eficiencia económica –que es la relevante económicamente- si, dados los precios de las fuentes primarias, usamos la combinación de éstas de tal manera que la relación entre lo obtenido y los costes de los medios empleados es el mejor posible. Y con más razón si los precios no son fijos y dependen a su vez de la demanda de energía final. Lo decisivo, lo significativo, es la posibilidad de utilizar diversos medios. Para Robbins, visto su concepción de la economía, si no existe posibilidad de obtener un mismo resultado con diversos medios no hay problema económico. Yo ni quito ni pongo. Entonces, en el ámbito de la salud, de acuerdo con el criterio de Robbins aceptado por la ideología neoliberal dominante, cabría preguntarse: ¿existe problema económico en materia de salud, al menos en el ámbito de su consumo? ¿Pueden los médicos y personal sanitario aplicar diversos métodos de curación, diversas terapias, para obtener un mismo resultado pensando en asignaciones eficientes? ¿No están los médicos obligados a curar con el mejor procedimiento posible, con la mejor terapia de acuerdo con normas y protocolos médicos de la OMS, de la Administración Sanitaria, de su propio código deontológico, etc.? Se han puesto a dirigir a centros médicos, hospitales, etc. a gestores que no son médicos, a veces meros contables, y resulta que lo único que saben no lo pueden aplicar. Existe, por supuesto, un problema de financiación, porque los recursos son limitados, pero no hay desde el punto de vista médico-sanitario diversos medios susceptibles de usos alternativos que se puedan –o al menos que se daban- elegir de acuerdo con su coste; tampoco fines diversos, sino terapias, intervenciones, tratamientos óptimos, dada la situación del paciente y los códigos deontólogicos.


Soluciones al dilema[35]

Volvemos al dilema planteado en el primer epígrafe. Una primera solución sería la de obviar el problema y dejar que, como dicen los neoliberales, sea el mercado el que fije los precios. Ocurre que en este caso hablar de mercado sí es una entelequia, porque por el lado de la oferta tenemos un monopolio una vez otorgada la patente a una empresa farmacéutica o laboratorio. Ya hemos visto las consecuencias: producción insuficiente para satisfacer la demanda y precios caros dada la inelasticidad de los productos cuando la salud y la vida están por medio; y, aunque sea menos importante, pérdida de eficiencia para el sector frente a alternativas hipotéticamente competitivas o de aceptación paramétrica de los precios. Si estamos en países con un sistema público de salud, siempre podrá la Administración comprar los medicamentos y recetarlos a los usuarios gratuitamente o de forma semigratuita (copago), pero no podrán evitar los otros defectos: insuficiencia y pérdidas de excedente; si estamos en países sin sistema público de salud y sin intervención de precios –de referencia o de otra manera-, serán los ciudadanos los que sufran las consecuencias: insuficiencia y precios elevados dada de nuevo la inelasticidad de la demanda.
En la literatura económica se apunta en estos casos –aunque para otros sectores- la posibilidad de permitir la discriminación de precios, que ya ha salido a colación al final del primer epígrafe de este trabajo. Consiste en que sea la empresa la que venda el producto a los consumidores variando el precio según su capacidad de pago y su disposición a comprar. En este caso se produce apropiación del excedente, pero con asignación eficiente en el consumo equivalente a la venta en un mercado competitivo. Sólo es efectivo si no hay posibilidad de arbitraje, porque entonces podrían los compradores a precios más bajos vender lo comprado a los posibles compradores de precios altos y obtener con ello ganancias[36]; y eso podría –de hecho ocurre- ocurrir entre particulares, entre empresas y entre países[37]. Para productos –fármacos, medicamentos, productos sanitarios, tratamientos- donde la salud está por medio, estas “soluciones” se dan en la práctica, pero parece difícil de aceptar o de reconocer moralmente como mecanismo de distribución si eso supone que haya usuarios que paguen más que otros ante la misma enfermedad por el mismo producto.
Una posible solución coherente con el análisis micro de los comportamientos de las farmacéuticas y laboratorios con patente sería la creación de un Consorcio Público o Agencia[38] que tuviera como competencia la posibilidad de comprar los costes de inversión de una patente ya concedida a cualquier empresa farmacéutica o laboratorio que operara en territorio nacional[39] para liberarla y convertirla en un bien mostrenco, en un genérico. Este Consorcio o Agencia debería operar bajo las siguientes reglas: a) debería tener siempre la posibilidad de comprar a la empresa cualquier patente en cualquier fase de producción: inversión inicial, ensayos clínicos, comercialización; b) pagaría lo más exactamente posible los costes totales que la empresa/laboratorio hubiera incurrido hasta ese momento, de tal manera que la iniciativa empresarial en la inversión de un posible futuro medicamento no se viera menoscabada ni desalentada para futuras intentonas en otros principios activos, en otras moléculas; c) la patente otorgada previamente por la Administración Sanitaria –la propia Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en el caso español- lo habría sido con las dos primeras condiciones; d) en todo momento sería únicamente el Consorcio o Agencia pública la que decidiera, en función de las necesidades médico-sanitarias de la población y lo pertinente de la espera, qué patentes concedidas serían objeto de compra y liberación; e) una vez liberada la patente, el Consorcio/Agencia tendría libertad para producirla a gran escala y distribuirla de la forma que estimara conveniente, bien directamente, bien encargando a otras empresas mediante concurso su producción a gran escala a precio convenido, de acuerdo con las normas de la Administración Sanitaria. En nuestro país, el destino principal sería el Sistema Nacional de Salud y su dispensa gratuita o con copago según usuarios; en el caso de otros países sin sistemas públicos de salud, lo serían las empresas farmacéuticas encargadas de su comercialización y distribución al precio convenido con el Consorcio/Agencia estatal; f) este Consorcio/Agencia no sería un mero órgano regulador[40], sino que tendría capacidad de obrar en comercio, comprar, vender, comercializar y distribuir por ella misma los productos farmacéuticas que así decidiera. Dicho de otra manera: de los fármacos liberados de la patente, una parte podría distribuirlos el propio órgano regulador y otros otorgaría a su vez la patente de la comercialización a otra empresa.
En el caso español no sustituiría al sistema actual de precios de referencia[41], sino que lo complementaría. El tiempo y la experiencia demostrarían si el mecanismo es acertado o no: si lo es, el sistema de precios de referencia iría perdiendo peso a costa del propuesto; si no lo es, ocurriría lo contrario.
Crucial es el cálculo de los costes de la inversión y la obligación ineludible de las empresas y laboratorios de vender la patente al órgano público. Si el precio de recuperación fuera inferior a los costes de inversión, la empresa farmacéutica sufriría pérdidas –en algunos casos irreparables- y, lo que es peor, desincentivaría a otras farmacéuticas y laboratorios para futuras inversiones; si fuera superior a los costes de inversión se producirían pérdidas en el erario público, además de pérdidas de eficiencia y del excedente del consumidor (usuario del SNS) frente a alternativas competitivas o con aceptación paramétrica de precios. Las empresas de las patentes liberadas no habrían obtenido beneficios excepcionales, pero a cambio se habrían asegurado la recuperación de la inversión y también habrían eliminado incertidumbres futuras de su inversión desde el momento de la liberalización.
Si crucial es el punto anterior por la dificultad de calcular los costes de inversión, neurálgico resulta el “d”. La empresa regulada no debe tener nunca la seguridad de que el órgano regulador vaya a comprar la patente para que así los gestores se comporten como si tuvieran que sacar al mercado el fármaco/medicamento a partir de los precios de referencia –o de mercado, si no hay precios de referencia- marcados por la Administración Sanitaria y se esfuercen en optimizar la gestión.
Existe también el consabido peligro de “la captura del regulador”[42]. Por ello, estos órganos deben estar formados por personas no ligadas a la industria o sector que regulan, tener una formación muy solvente en la materia y competencias para indagar y obtener información en las propias empresas. Las empresas con patente concedidas podrían caer en dos tipos de tentaciones, en dos formas de perversión contrapuestas: algunas y para los medicamentos que consideraran un negocio rentable, se resistirían a la compra por parte del órgano público regulador e intentarían inflar los costes de inversión acometidos hasta ese momento; por el contrario, los que consideraran que se han equivocado, sea en la financiación y cálculo de los costes iniciales, sea en la viabilidad terapéutica del medicamento, tendrían la tentación de “colocar” al órgano regulador el “marrón”. Por todo ello, la concesión de la licencia previa (la patente) debería serlo con 2 condiciones más (ya se han apuntado otras): 1) la del control desde el primer momento por el órgano regulador[43] de los principios activos y ensayos clínicos, para poder así evaluar las posibilidades de convertirse el candidato en un medicamento eficaz, en un genérico (efg); 2) también ese mismo control por otro motivo: para tener un conocimiento de los costes de inversión y poder fijar los precios de recuperación si el órgano regulador decidiera la compra de la patente.
Con un mecanismo como el propuesto –posibilidad de compra de la patente por el órgano regulador-, todos los actores optimizan alguna variable sin graves consecuencias para otras: a) para los consumidores se consiguen las máximas dosis posibles del medicamento a los menores precios, tanto si lo pagan a precios de coste en un sistema de mercado libre sin sistema público de salud, como si es subvencionado y esta es proporcional al precio de comercialización, si estamos en un sistema público de salud; b) las empresas eliminan la variable “incertidumbre” sobre el futuro de la recuperación de la inversión original al pagarse los costes actualizados al momento de la liberación de la patente, asegurando de paso no incurrir en pérdidas en lo que atañe al menos al medicamento liberado y sin menoscabo por ello de la solvencia de la empresa; c) para la Adminsitración Sanitaria se abren 2 opciones, como son la de seguir con el criterio de precios de referencia o, alternativamente, la de la compra de la patente, de tal manera que pueda elegir la mejor desde algún punto de vista, siendo un posible criterio el del menor coste posible para el erario público.
[1] Pfizer Phamarcia, Glaxo Smith Kline, Merck & Co., Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca, Aventis, Jhonson & Jhonson, Novartis, Wyeth Lilly, son las 10 primeras multinacionales de la farmacopea según esta revista.
[2] Para un estudio más detallado véase “La Industria farmacéutica en España y en el Mundo”, página. web de Farmaindustria (Información al Día, n. 52). Es un trabajo de parte, pero aprovechable y con datos hasta el año 2005.
[3] La ley española habla siempre de “medicamentos y productos sanitarios”. Aquí empleamos fármacos y medicamentos indistintamente como sinónimo de productos final.
[4] Para valorar el gasto farmacéutico para 20 miembros –incluida España- de la OCDE véase en Eurostat “Pharmaceutical expenditure compared across countries”, por C. van Mosseveld, de la “European Commission”.
[5] “La competencia en precios de un fármaco es mayor en las últimas fases del ciclo de la vida de un producto, que en total dura entre 20 y 25 años, y que comienza con la idea que lleva su desarrollo. Hasta que el producto alcanza el mercado, el flujo de caja de la compañía es negativo”, en “The Economics of Price regulation and Innovation” por R. Helms de la “American Enterprise Institute, 2004.
[6] Muchos neo-neoliberales aún siguen considerándolo “fallos del mercado” cuando ya tienen la categoría de “características de mercado” del capitalismo realmente existente: añoran y veneran un mundo perdido que realmente nunca ha existido.
[7] Obviamos por irreal el caso de que los costes marginales decrecieran más pronunciadamente que los ingresos marginales. Como dicen los finos, que la pendiente de los costes marginales fuera más inclinada que la de los ingresos marginales.
[8] Estamos valorando el excedente que depende de la demanda, lo cual es independiente de que en un sistema público de salud los precios a los usuarios los pone la Administración Sanitaria bajo criterios de acceso universal, no discriminación, gratuidad o copago.
[9] Esto es más difícil de explicar, pero no quería renunciar al menos a enumerarlo y dejar constancia de ello. Una explicación de este hecho puede verse en cualquier manual de microeconomía.
[10] Esta aceptación ya ocurre de facto al marcar la Administración Sanitaria los precios de referencia. No obstante la “función paramétrica de los precios” es una expresión económica que alude a la posibilidad de que en entornos no competitivos las empresas se comporten como precio-aceptantes, es decir, como si actuaran en un mercado competitivo donde no puedan influir en los precios (o casi). Si ello es así, las empresas maximizarán sus beneficios si igualan precios –en este caso de referencia; si mercado competitivo, los del mercado- con los costes marginales. La teoría económica nos dice que entonces no se producirá pérdida de eficiencia en el sector si todas las empresas llevaran su nivel de producción al punto en el que todas tengan los mismos costes marginales; no se podría entonces mejorar la producción en el sector para ese producto transfiriendo de las empresas de mayores costes marginales a las que tienen menos (eficiencia). Históricamente este tema remite también a la discusión sobre si es posible el cálculo racional en una economía con planificación central. Defensores de ella fueron Barone, Lange, Taylor, Lerner, Dobb; contrarios Mises, Hayek, Robbins. Ventajas e inconvenientes sobre mercado y planificación se exponen en un magnífico artículo de Julio Segura: “Economía de mercado y economía de planificación: un apunte de valoración”, en Información Comercial Española, 1975.
[11] Los costes medios por período de un producto se obtienen dividiendo los costes totales imputables a ese tiempo entre el total del producto; ingresos marginales son los derivados de la última unidad producida y vendida; costes marginales son los costes de la última unidad producida; costes fijos son los que no dependen del nivel de producción dentro de un determinado plazo; costes variables son los derivados del nivel de producción. La clave de la discusión de este primer epígrafe radica precisamente en que los costes de inversión iniciales de un futuro fármaco inciden en los costes medios pero no en los marginales. Para una discusión sobre estos temas vale cualquier libro de Microeconomía. Aquí se recomienda en otra nota a pie de página el libro de Julio Segura; también el de Microeconomía y conducta (“Microeconomics and Behavior”), de Robert H. Frank, en McGraw Hill.
[12] Véase la Orden SCO/2958/2003, la nota de prensa sobre la nueva ley del medicamento del 9 de junio del 2005 o la Orden 256/2007 del 19 de febrero del 2007, y sobre todo la ley 29/2006, del 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, etc.
[13] Para una explicación general de los efectos del monopolio con rendimientos crecientes, véase “Análisis microeconómico”, de Julio Segura, en Alianza Universidad Textos, págs. 318 y siguientes.
[14] “El monopolista por patente, salvo por razones de imagen (descuentos en medicamentos a ancianos en EE.UU.) o para tratar de disuadir la entrada de un producto competidor (un genérico, por ejemplo), establece unos precios que impiden el acceso de las poblaciones pobres del mundo a los medicamentos”, Vicente Ortún Rubio, del Centro de Investigaciones en Economía y Salud de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, en el trabajo “Patentes, regulación de precios e innovación en la industria farmacéutica”.
[15] Me refiero a Adam Smith, autor de la obra “Investigación de la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones”, que es su nombre completo y publicado en 1776, año de la Declaración de Filadelfia. Por cierto, que este autor tan venerado por los neos de plumilla, hablando de los monopolios, dice en esta obra que “el monopolio es el mayor enemigo de la negociación justa y moderada de las cosas de la sociedad, y que por regla general jamás deber ser permitido… “.
[16] Un criterio paretiano en un asignación de recursos que se da cuando no se puede mejorar la satisfacción de un consumidor (o productor) sin empeorar la de algún otro. Es un criterio deseable tanto en el consumo como en la producción. Norte, justificación y punto final para muchos economistas conservadores que creen el mercado como criterio único de asignación de recursos en la producción y en el consumo. La razón de ello es que desde un punto de vista meramente axiológico (y casi angelical), hay una correspondencia entre una economía hipotéticamente de competencia perfecta en todos los mercados y una asignación paretiana (primer y segundo teorema de la Teoría del Bienestar). Pero la cosa tiene al menos 2 problemas: uno, que no tiene nada que ver con el mundo real; dos, que el criterio paretiano es perfectamente compatible con una distribución de la renta y la riqueza tal que, el 1% de la población tuviera el 99% de la renta y riqueza, y el 99% restante tuviera sólo el 1%. Que se utilice este instrumental para valorar empresas, situaciones de mercado y formas de regulación es comprensible; que se utilice como meta de reparto o cómo ideal de una ideología es inaceptable: es condenar a millones de seres humanos del planeta al hambre, a la enfermedad y a la ignorancia en aras de unas bondades del mercado que no existen ni han existido nunca.
[17] Salvo los que se mueven a la velocidad de la luz, como son los de títulos, futuros, opciones, divisas, derivados.
[18] La ley 29/2006, de 26 de julio define principio activo como: “toda materia, cualquiera que sea su origen .humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo- a la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento”.
[19] En el diario digital de “Azprensa” se dice que “el coste del desarrollo de un nuevo fármaco ha pasado de 138 millones de dólares en 1975 a 802 en el año 2000. Asimismo, de cada 5.000 nuevas moléculas, apenas 250 llegan a pasar la fase de ensayos preclínicos, de éstas sólo 5 alcanzan la fase de ensayos clínicos, y de éstas últimas sólo una recibe la aprobación final de las autoridades sanitarias”. Es también un comentario de parte, pero, sin ser rigurosos con las cifras, sí describe la travesía del desierto de los aspirantes a nuevos fármacos. No es aquí donde podemos enjuiciar ni recriminar con rigor a las farmacéuticas.
[20] Cuando redactaba este trabajo ha surgido la noticia de que el presidente del Brasil ha retirado la patente de la farmacéutica Merck (MSD) en la fabricación de “efavirenz”, que es un tratamiento contra el sida, para convertirlo en un genérico.
[21] Es el caso de Novartis con la India.
[22] Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de los 1.203 medicamentos nuevos producidos en un período de 20 años (hasta 1996), solamente 13 eran para las enfermedades tropicales y, de estos, sólo 4 fuero producidos por el sector privado. Según la revista “Chemical and Engineering News”, en el período entre julio 2003 y junio 2004, el fármaco más vendido en el mundo fue la Atorvastatina de Pfizer (11.000 millones de dólares; el segundo fue la Sinvastatina de Merck and Co. (6.000 millones de dólares); ambos medicamentos combaten el colesterol. Ante esto nos hacemos la pregunta: ¿es este el principal problema sanitario para lo 6.500 millones de personas que pueblan el planeta? La sombra de las farmacéuticas es alargada.
[23] “La industria farmacéutica en el Mundo”, de la sección de farmacia de L´Hospital Clinic de Barcelona y de Medicus Mundi Catalunya. La definición peca de tautológica, pero se puede perdonar.
[24] “The Economics of Price regulation and Innovation”, 2004.
[25] En un sector donde sí hay competencia, la posibilidad del arbitraje, es decir, la posibilidad de que los consumidores finales puedan acaparar y vender el producto a precios más bajos a otros consumidores impide la apropiación del “excedente del consumidor” por parte del oferente.
[26] Cualquier plazo será siempre arbitrario, porque cada fármaco tendrá su propio plazo de recuperación de inversiones iniciales, sus ensayos clínicos y su comercialización. La OMS establece 20 años.
[27] Véase el trabajo ya mencionado: “Patentes, regulación de precios e innovación en la industria farmacéutica”.
[28] Véase el artículo “El fracaso del eficientismo”, de Salvador García, doctor en Medicina y profesor de Psicología Social en la Universidad de Barcelona, que aparició en el suplemento de “Salud” de El País de fecha 14.4.2007.
[29] “Conceptos de Economía”, págs. 205 y siguientes, Alianza Editorial, 2005.
[30] “Diccionario terminológico de Economía, Administración y Finanzas”, págs. 158 y siguientes, edit. Pirámide, 2000.
[31] “Essay on the Nature and Significance of Economic Science”, 1932.
[32] La “History of Economic Analysis” es de 1954, edición de “Oxford University Press, Inc”; la versión castellana es de 1971.
[33] “Curso de Economía Moderna”, edit. Aguilar, 1979.
[34] tep = toneladas equivalente de petróleo.
[35] Para un relato más empírico, véase el artículo “Patentes, regulación de precios e innovación en la industria farmacéutica” antes mencionado.
[36] En el caso extremo se apropiarán de todo el excedente.
[37] El arbitraje geográfico está prohibido en EE.UU., pero no en Europa.
[38] Podría ser la Agencia Española del Medicamento. En EE.UU. está la famosa Food and Drug Administration (FDA) y, en nuestra vieja Europa, la European Agency for the Evaluation of Medicinal Products. No entramos en consideraciones jurídico-administrativas del órgano regulador; sólo se exige que sea de control público.
[39] Hay que tener en cuenta los acuerdos de la OMC y, en particular, los ADPIC (Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio).
[40] Para un estudio teórico y empírico del fenómeno de la regulación y los órganos reguladores véase el excelente libro de Miguel Ángel Lasheras “La regulación económica de los servicios públicos”, en Ariel Economía, 1999. De este mismo texto recojo su definición de órgano regulador: “De una manera precisa, la actividad de regulación consiste en definir un marco de actuación de los agentes económicos, las empresas reguladas y los consumidores, y en hacer que este marco se cumpla. Así pues, la actividad de regulación se puede definir como la actividad pública de control de precios y de imposición de restricciones en el ejercicio de ciertas actividades económicas”. Es, no obstante, una consideración muy restrictiva de órgano regulador, porque procede del mundo anglosajón y prácticamente se reduce a la fijación de precios. Como hemos visto el problema es muy complejo y no es suficiente para abordar el problema, el dilema que satisfaga a las partes, y por ello dotamos al órgano de mayores funciones.
[41] Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, art. 90.
[42] Véase el libro de Miguel Ángel Lasheras de la nota anterior, página 137.
[43] Para que no se echen las manos a la cabeza los del catecismo neoliberal, ya el art. 64 de la ley del 29/2006 mencionada dice que una de las obligaciones de las farmacéuticas será “permitir, en todo momento, el acceso a sus locales y archivos a las autoridades competentes para realizar inspecciones”.

Peludo, hasta siempre

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la luz es el optimismo de la razón

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muros, ni para lamentaciones

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¿Por qué?

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planchando la oreja

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¿naturaleza muerta?

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el mamífero perfecto

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