Máscaras mediáticas

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Antonio Mora Plaza

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Hay 2 formas de oficiales de aprender y ejercer el periodismo: estudiando en la facultad correspondiente o leer y seguir los pasos del periódico de Pedro J. para saber lo que nunca debe ser la profesión de periodista. Uno de los lemas del periodismo -aparte de aquello de que el mensaje es el medio, que es una tontería a medias- es lo de separar opinión de información, porque se sobreentiende que el mero hecho de elegir la información, acotarla, redactarla y ubicarla, ya es suficiente opinión. El periódico de este tipo -porque es suyo, ahí nadie escribe sin su beneplácito doctrinal- ha hecho de esa confusión entre opinión e información su divisa y hasta su logotipo espiritual. Al menos en su información política. Este tipo, una especie de político cobarde, lleva años aconsejando, determinando -incluso conspirando- la política del P. P., escondido en su despacho desde el que habla urbi et orbe, fuertemente acorazado con sus tirantes. Este tipo y este periódico han estado engañando a sus lectores durante 6 años, haciéndoles creer que tenían la prueba suprema, la última ratio, la piedra filosofal, el cáliz templario del 11-M. Han pasado 6 años, ha habido un juicio cuasi-ejemplar en la Audiencia Nacional sobre el atentando terrorista que costó la vida a dos centenares de personas y tuvo cientos de heridos, y ni asomo de ETA. Entre la kangoo y la orquesta Mondragón, nada de nada. Sostenella y no enmendalla. Pero la rabia de este tipo y la de Aznar siguen supurando bilis por aquello que le dijo el sociólogo de cabecera al de “las armas de destrucción masiva”: “si ha sido ETA, ganas las elecciones, Jose Mari; si no, las pierdes”. Este Jose Mari, presidente del país entre 1996 y 2004, llamó a todas las redacciones de los periódicos y a las embajadas de España para que convencieran al planeta de que había sido ETA, como si esta banda terrorista no tuviera ya suficiente historial criminal en la democracia. El solícito Pedro J. y otros medios se prestaron al juego, engañando vilmente a sus lectores. Y que conste que no siento lástima de ningún lector que, tras haber sido engañado en estos hechos trascendentes, han seguido comprando los mismos medios con la misma fruición, porque el derecho a la estulticia no debe ser limitado ni un ápice. Allá ellos. Y también tenemos derecho los que leemos el periódico de Pedro J. para saber qué opinan los enemigos enmascarados del Estado de Derecho, de la democracia y de la libertad. En la democracia, tan importante es la libertad del enemigo de la democracia como la del amigo. Es necesario saber dónde y a qué juegan estos tipos que no dudarían en interpretar el papel de salvapatrias si la ocasión y las ventas les fueran propicias.

Un caso diferente es el del ABC, el periódico fundado por el Sr. Torcuato Luca de Tena en 1905. También se apunta al baile de la confusión entre opinión e información, pero con algo más de estilo. El problema del ABC es moral, de dignidad y de conciencia. Esta rotativa -como se decía antes- ha sido columna mediática fundamental de la dictadura franquista. No se entiende la dictadura sin el ABC y sus famosas “terceras”. Es verdad que siempre ha presumido de monárquico, aunque yo creo que era más bien para disimular y como coartada. Por cierto, he esperado alguna opinión de este periódico y de algunos de sus articulistas predicadores sobre el divorcio de la infanta Elena; también cuando se produjo “la suspensión de la convivencia” entre ésta y su marido, novedosa aportación jurídica al derecho de familia, junto con la separación y el divorcio. Es posible que se me haya pasado. Pero dejemos esto y veamos lo que decía el ABC en 1940, en el 2º año de la victoria fascista: “El error del Estado liberal consistía en creerse el único depositario del derecho. Mas el estado totalitario hace su ley fundándola en un estado de conciencia y en una unidad de destino, y con su ley protege las situaciones que a su amparo nacieron”. Son palabras del presidente de la Junta Política, Serrano Súñer, el “cuñadísimo” del “generalísimo”. Los dictadores gustan de las esdrújulas y de los superlativos, sobre todo si tienen complejos que curarse. El ABC recogía el discurso entero en su página 7 del 20 de enero de 1940. Ya satisfecho el ABC, sus dueños y sus redactores, concluía el comentarista del periódico diciendo que: “El presidente de la Junta Política acaba de trazarnos una línea de acción. Sus consignas de gobernante ejemplar se ciñen a un puro espíritu jurídico y son fuertes, briosas y rotundas. España camina”. Insisto que esto ya lo ponía el periódico de su puño, letra y tirada. Podrán argumentar los dueños actuales, el director actual, los articulistas predicadores, incluso los simples redactores, que eso era otra época. Veamos lo que decía este mismo periódico en las postrimerías de la dictadura, allá en 1973 (el 24 de enero), hablando del “desarrollo político y el desarrollo constitucional: “Es evidente que el conjunto de nuestras Leyes Fundamentales, verdadero entramado constitucional del Estado -literal, yo no pongo nada-, supone de jure lo que en otras latitudes se llama Constitución. Parte de estas leyes, concretamente la Ley Orgánica del Estado, entre otras...”. Esto es lo que defendía el ABC a través del Sr. Juan Miguel Arrieta Valentín para el futuro de España dos años antes de la muerte del dictador. Al día siguiente, el mismísimo Anson -sin acento en la A-, este señor de gustos líricos-amatorios exquisitos en su vejez, decía en una de esas “terceras” -no digo yo que “tor-ticeras”- de ABC que “dejo aparte los desórdenes políticos porque, a mi manera de ver, estos no deben combatirse salvo contadas excepciones, con la fuerza, sino perfeccionando, dentro de nuestras Leyes Fundamentales, los cauces representativos”. Dentro de las Leyes Fundamentales, es decir, de las leyes de la dictadura. Y este tipo sigue dando lecciones, ahora de democracia, en la democracia. Tiene todo el derecho a expresarse, tanta como repugnancia merece sus palabras, su arribismo y su indignidad. Siempre es molesto que los demás tengamos que cargar con la indignidad de otros, porque a veces pesa demasiado y la edad no perdona. Son simples ejemplos. Además tenemos que dar las gracias al propio ABC que nos permita ver lo que ha representado en la historia reciente de España para escrutar y temer lo que podría de nuevo representar si la historia se repitiera, aunque yo les diría a los Pedro J., a los Anson, a los Cesar Alonso de los Ríos, etc., y de paso también a los aznares, aguirres, arenas, orejas, etc., que no se hagan ilusiones, que no se hagan ilusiones: España va a seguir siendo una democracia.

Madrid, 22 de enero de 2010.

Los sindicatos se equivocan

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Antonio Mora Plaza

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Sigo viendo con estupor que los sindicatos siguen reclamando... un cambio de modelo para... crear empleo... a corto plazo. Esto último lo supongo. Siguen con la carta a los Reyes Magos, cuando los Reyes han pasado y, además, son los padres. Pues bien, ya se ha producido el cambio de modelo y estamos en el tránsito de un modelo sectorial donde la Construcción tiraba de la producción y -sobre todo- del empleo, a otro modelo que depende de millones de decisiones privadas que deben valorar las posibilidades de rentabilidad de sus inversiones y que están por venir. Este es el capitalismo, es decir, donde estamos. Esto no es China, es decir, esto no es “un país, dos sistemas”. El sólo mercado no da más de sí. Los sindicalistas no perciben que están reclamando algo que ya se ha cumplido en su primera mitad y se han perdido 800.000 puestos de trabajo en la Construcción y 1.400.000 en el total de todos los sectores desde comenzó la crisis. Resulta incomprensible que los sindicalistas sigan demandando algo que se va a dar inexorablemente, que se está dando... ¡por desgracia! El modelo especulación-recalificación-caída de los tipos de interés-inmigración sin derechos, con sus defectos insoportables e inmorales, fue imbatible en la creación de empleo, cosa demostrado en estos dos momentos: el de la creación y el de la destrucción. No hay modelo económico, es decir, cambio intersectorial de empleo, capaz de crear tantos puestos de trabajo como los perdidos: ¿por qué corren los sindicalistas de Málaga a Malagón? No se entiende. Díaz Ferrán, ese gestor ejemplar de Air Comet, Marsans y otras, está de acuerdo con el cambio de modelo; el Gobierno también; los tardofranquistas del P.P. no se oponen, porque la suerte de los trabajadores asalariados les importa en la medida que se transmuten en votos para su partido. Hasta una representante de CC.OO. lo reconoce sin querer cuando dice que: “No hace mucho, CC.OO. reclamaba en solitario el cambio de un patrón de crecimiento que se reveló eficaz para crear centenares de miles de empleos, pero que tenía los pies de barro. La fragilidad y precariedad de los puestos de trabajo creados, fundamentalmente en el sector de la Construcción, alimentó una burbuja que se ha desmoronado con la misma facilidad”. ¿En qué quedamos entonces? ¿Fue bueno o malo ese “patrón de crecimiento” si llevaba en sí mismo el cáncer de su destrucción? Para solucionarlo, esta representante de CC.OO. reclama “la necesidad de proceder a un cambio de cultura empresarial, de sus códigos de conducta”. Apañados vamos si para crear empleo o cambiar de modelo, previamente los empresarios, contratadores o simples capataces tienen que cambiar de “cultura empresarial”, cuando precisamente uno de los cuellos de botella de la economía española es la ignorancia técnico-científica de la inmensa mayoría de empresarios y gestores españoles; porque de la otra, de la humanística, mejor no hablamos. Ya le digo yo a esta representante de CC.OO. -que no quiero mencionar su nombre para caer en un personalismo que me es ajeno- que si depende del “cambio de cultura empresarial”, no salimos ni saldremos de la crisis, ni de nada. Los problemas son otros y las medidas también.

Los sindicatos siguen confundiendo modelo económico y cambio de modelo, con modelo laboral. A un elefante le podemos llamar mariposa, pero no por eso va a volar. Los sindicalistas deben saber de una vez por todas que cuando los economistas hablan -hablamos- de modelo económico se refieren a los sectores de la economía, a su peso en el PIB, a su capacidad de crear empleo, a las inversiones necesarias para este fin, al crecimiento global o sectorial para crear empleo también, a las relaciones económicas del país con el exterior. En definitiva, a la estructura económica de un país -de un continente o del planeta- y a su evolución. No basta importar el lenguaje o la jerga económica para saber lo que se dice, porque detrás de las palabras están los conceptos y con estos se construyen las estructuras de pensamiento, y ni aquellos ni estas se dejan manejar ni manipular por la semántica. Es preferible llamar las cosas por su nombre y emplear la jerga propia si se desconoce la estructura de un conocimiento. A nadie se le ocurre discutir con un físico profesional de mecánica cuántica o de astrofísica si no es otro profesional, con los estudios pertinentes para, simplemente, dialogar. En cambio, de economía parece entender todo el mundo: periodistas, empresarios, sindicalistas, políticos, taxistas, quiosqueros, etc., ignorando lo que ignoran. Hace poco lo señalaba el profesor Julio Segura -actual presidente de la CNMV- que para entender de economía es necesario tener, fruto del estudio, un modelo económico en la cabeza, una estructura -esto lo digo yo- de pensamiento acorde con el problema planteado. Y esto no se adquiere solamente leyendo las páginas económicas de los periódicos. Hay que leerlas, por supuesto, para llenar de contenido empírico la estructura de pensamiento. Eso son las teorías científicas: estructuras lógicas de pensamiento contrastadas con la realidad o, al menos, con sus manifestaciones. Cuando no se tiene esa estructura, lo primero que sufre es el lenguaje. Se emplean palabras de la jerga, eso sí, pero sin ton ni son, trasmutando conceptos, embarcándolos a la deriva con las mismas barcas de las palabras. El cambio de modelo es eso y no se puede cambiar porque no queramos reconocer que estamos equivocados o que estamos, simplemente, navegando en la ignorancia. El gran fracaso de los neoliberales ahora ha sido precisamente que tenían y tienen una estructura de pensamiento que no ha pasado la criba de la realidad, pero tenían y tienen, sin duda, una estructura de pensamiento.

Este sería el error de CC.OO. y UGT: pedir un cambio de modelo... para crear empleo... a corto plazo cuando: 1) el cambio de modelo ¡por desgracia! ya se está produciendo; 2) sea cual sea el sector o los sectores punteros fruto de este cambio de modelo, no van a crear más empleo que el perdido, y eso no se evita sólo con meras reformas jurídicas laborales, aunque haya que hacer reformas laborales jurídicas en algún momento; 3) ni siquiera un país que pudiera compaginar mercado con planificación de forma óptima con el objetivo de maximizar el empleo a medio y largo plazo, podría crear empleo a corto plazo cuando se ha agotado ya el modelo de estructura económica que lo creaba; 4) las meras medidas jurídicas que dependan de la buena voluntad de las partes -lo del cambio de cultura empresarial- no van a tener ninguna eficacia. Para comprobarlo sólo basta retroceder en nuestro próximo pasado; 5) los sindicalistas debieran comprender que los modelos, en economía que es de lo que hablamos, no se eligen a voluntad, sino que son fruto de muchas decisiones, privadas -las más- y públicas -las menos - en una economía tan sesgada al mercado como la nuestra y la del mundo llamado Occidental; 6) el Gobierno, con toda la Administración Central, no tienen poder económico, ni administración discrecional de los recursos presupuestarios suficiente para cambiar el supuesto modelo a corto plazo, aunque esa fuera su intención (que yo no pondo en duda, aunque sólo sea por un mero interés electoral). Un dato: el Gobierno sólo ejecuta el 20% del Presupuesto.

La historia, reciente o remota, es el laboratorio de las ciencias sociales. Las reformas laborales que desde 1984 se han tomado, la multiplicación de formas de contrato, incluso gran parte de las subvenciones gastadas, no han servido para consolidar el empleo. Todo lo contrario: han permitido crear empleos precarios, temporales, generalizados, sin costes de despido, que han desaparecido a las primeras de cambio, con una intensidad relativa mucho mayor que en todos los países de la Unión Económica. Aprendamos de la historia y no confiemos sólo en lo jurídico. Para ser creativos -y no sólo críticos- ahí van estas concretas, limitadas y sustanciales reformas:

1) Ya lo he dicho anteriormente en esta misma tribuna: dividir el salario mínimo en dos, uno para los contratos con costes de despido y otro para los sin coste de despido, siendo el de estos últimos significativamente mayor que el de los primeros, con el fin de construir una clase empresarial -fruto de la competencia- que, sin necesidad de cambiar de cultura, no tengan más remedio que entrar por el aro de los salarios de eficiencia. Los contratadores y empresarios sólo tendrían dos opciones: o contratar, como ahora, con costes de despido, pero con salarios mínimos más bajos, o contratar sin costes de despido, pero con costes mensuales laborales significativamente más altos. En concreto, propongo que el salario mínimo para los contratos con coste de despido pase de los actuales, renovados y ridículos 633 euros de salario mínimo a 800 euros netos, y el de los contratos sin costes de despido a 1.400 euros netos. En todo caso, siempre sobrepasando la media de los salarios netos de los contratos con costes de despido. Así, los empresarios, contratadores y gestores tendrían dos opciones a elegir con sus ventajas e inconvenientes, no teniendo ninguna forma de contrato la ventaja absoluta. Así es como se cambia la cultura empresarial: mandando al paro a los malos empresarios y gestores que sólo buscan montar chiringuitos para obtener algunos beneficios a corto plazo y deshacerse de ellos y de los trabajadores en cuanto pueden. Con ello tendrían más oportunidades los emprendedores, los empresarios que tienen intención de permanencia, que no rehúyen su papel, pero que lo interpretan con honestidad y eficacia. La reforma laboral propuesta ayuda a estos últimos y manda al paro a los especuladores, con su in-cultura empresarial, pero al paro. Por cierto, el resto de lo contratos deberían desaparecer, excepto los de tiempo parcial y los correspondientes a las incapacidades. Este es, en definitiva, el nudo gordiano de la reforma laboral, y esta reforma, simple y concreta, la espada que lo rompería.

2) Crear una subvención o renta mínima para todos los ciudadanos residentes en paro, sea porque han perdido el empleo, sea porque nunca lo han tenido. Esta renta debería implementarse desde la Administración Central para evitar las trampas de los tardofranquistas que gobiernan en algunas Comunidades. Cada palo, cada Comunidad, que aguante su vela. He intentado ser preciso, incluso en el lenguaje. No le he llamado salario de integración, por ejemplo, porque no debe depender de la situación laboral pretérita del supuesto beneficiario; no la he llamado de inserción, porque quien se tiene que insertar son las instituciones en la sociedad y no al revés. Veamos unos datos: 600 euros al mes por 12 mensualidades y por 2.000.000 de personas que tuvieran derecho a esta hipotética subvención serían 14.400 millones de euros, el 1,40% de nuestro PIB, en torno al 4% de nuestros presupuestos. Es una cifra importante, aunque no lo parezca. Se puede financiar. Veamos la tercera medida.

3) Lucha denodada contra el fraude fiscal y en las cotizaciones. No debemos estar muy lejos del 20% de fraude fiscal sobre la renta potencial tributaria que diversos estudios han analizado. Eso significa que los niveles de fraude deben ser del orden 70.000 millones de euros potenciales. Si consiguiéramos unos niveles de fraude medio acordes con la Unión Europea -en torno al 10% de fraude- nos basta y nos sobra para financiar esas subvenciones, aunque hubiera que recurrir temporalmente a un leve aumento de nuestro endeudamiento (en torno al 50% del PIB es lo que se espera) a cuenta de una mayor recaudación, fruto de esa lucha contra el fraude. Sería un gasto excelente, porque las subvenciones y la nula capacidad de ahorro de sus beneficiarios servirían para compensar el excesivo ahorro que se está dando ahora y sus nefastas consecuencias para el consumo y el conjunto de la demanda agregada. Sería, en el peor de los casos, un gasto anticrisis y anticíclico. Resulta tan obvio y archiconocido que no se entiende que los sindicatos no se ciñan a esto y en cambio se firmen continuamente acuerdos -v. gr., con la impresentable Aguirre en la Comunidad de Madrid- que no sirven para nada, como se está demostrando en esta comunidad, con un aumento marginal del paro superior a otras, a pesar de tantos acuerdos.

4) Pasar lo más rápidamente posible del 35% de participación de lo público en el PIB a un 40% a medio plazo para que lo público represente algo más de 400.000 millones de euros de posible gasto con criterios contracíclicos y poder compensar el gasto procíclico inevitable de los privados y sus criterios de mercado. Una de las causas de nuestro alargamiento en el ciclo -además de nuestra menor productividad- es que nuestro gasto público es insuficiente y deficiente: lo primero, por lo dicho, y lo segundo, porque se hace con criterios privados, es decir, procíclicos. Eso da votos probablemente a las comunidades donde gobierna el P.P., pero es nefasto para que la demanda agregada de un año no sea inferior a la del anterior y, con ello, seguir al ciclo y a la crisis. Ese 35% también es insuficiente para consolidar nuestro precario Estado de Bienestar. Hay una correspondencia entre éste y una participación mayor de lo público en el conjunto del gasto. El que tenga duda que mire estas cifras en los países nórdicos de Europa; también en Francia, en Alemania.

5) Creación de una empresa pública del crédito. Ya lo he escrito aquí mismo. Yo propongo la creación de unas empresas del crédito que compitan con bancos y cajas en el mismo mercado pero, claro está, con reglas del juego cambiadas. No debe escapársele a nadie que una empresa pública del crédito que compitiera en el mismo mercado con la banca privada y con las mismas reglas sería innecesaria, porque para eso ya está la privada. Las reglas, condiciones y situación de esa banca empresarial pública serían las siguientes: 1) sería una banca con muchos tentáculos, es decir, con muchas oficinas, aunque con muchas menos en términos relativos que la banca privada y con una relación de depósitos por oficina mucho mayor; 2) su comportamiento crediticio sería anticíclico y anticrisis: se mostraría renuente y exigente al préstamo en los períodos de vacas orondas del ciclo, dejando el protagonismo a la banca privada, asegurando al máximo la solvencia de los prestatarios, aumentando sus reservas y su solvencia; 3) lo contrario en los momentos del ciclo bajo o en las crisis –como la actual-, aflojando el rigor del riesgo, otorgando más crédito en términos relativos que la privada (apelando también al interbancario) con el fin de compensar la caída del crédito –si se produce- del sector privado; 4) el diferencial de morosidad que inevitablemente se produciría se financiaría con los presupuestos de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas; 5) el director de la institución pública sería elegido por el Parlamento de la Nación y a él daría cuenta anualmente; 6) esa empresa pública del crédito no repartiría dividendos porque no sería una sociedad anónima; 7) sólo se dedicaría a la tarea crediticia, atrayendo a su clientela -tanto de activo como de pasivo- por sus tipos de interés, que serían algo más favorables para esa clientela por varios motivos: a) porque su solvencia sería mayor al tener una ratio de depósitos por empleado y por oficina mucho mayor que el sistema privado; b) porque apenas prestaría servicios bancarios más allá de los imprescindibles para captar dinero y prestarlo; c) porque no repartiría dividendos; d) porque sus ejecutivos tendrían una retribución menor (pero sin descuidar la calidad profesional de sus empleados en el mercado laboral). Estas empresas públicas del crédito no se crearían ex-novo: ya están el ICO y las Cajas de Ahorro como germen de lo que se propone. Es cuestión de aumentar su capacidad económica y cambiar de criterios, sin olvidar nunca que son administradores e inversores del dinero ajeno.

Son 5 medidas sencillas, antineoliberales, intelectualmente simples, administrativamente fáciles de implementar, no necesitan grandes variaciones de nuestro corpus jurídico, son anticrisis y anticíclicas, son fáciles de fiscalizar y no dependen de la buena voluntad de las partes para su cumplimiento; tampoco son necesarios cambios imposibles de cultura. Por supuesto que son necesarias otras medidas a medio y largo plazo para modernizar la economía española, para buscarla una ubicación en el horizonte que dibujan los cambios que se están produciendo en el mundo a causa y/o a costa de la actual crisis, pero los parados de ahora no pueden esperarlas.

Madrid, 12 de enero de 2010.

Los sindicatos y nuestros Estado Federal

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Antonio Mora Plaza

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Puede resultar sorprendente hablar de entrada de un estado federal referido a España cuando tan habituados estamos en hablar de “Estado de las Autonomías”. Sin embargo, esta denominación ha sido resultado de un proceso de negociación entre los partidos tardofranquistas (AP, UCD), la izquierda en el momento de la llamada Transición, como eran el PSOE, más como recuerdo y deseo en las mentes de los españoles; el PCE como única realidad de izquierdas y de lucha contra la dictadura franquista en su momento, y, en mucha menor medida, de algunos partidos nacionalistas de las llamadas “nacionalidades históricas”, aunque nunca fueran una nación, un país o un estado, salvo en épocas pre-modernas. De aquella negociación que buscó la neutralidad de los franquistas, del clero y de los militares -que no eran tampoco conjuntos disjuntos- ha devenido este estado... federal... imperfecto. Federal, porque no existen más que dos tipos de estados democráticos: centralizados o centralistas y federales. Todo lo demás son milongas y regates para no llamar las cosas por su nombre, ese sublime arte de la diplomacia. Y digo que sólo existen esos dos si partimos de lo que dicen los clásicos sobre qué es un Estado. Son tres cosas básicamente: una población, un territorio y un principio de soberanía. Lo de qué sea una nación o un país ya lo tengo menos claro y, seguramente, existirán tantas nociones de naciones y países como personas. Por mi parte sigo en esto al escritor vallisoletano y aficionado a la caza: mi patria es mi infancia. La confusión sobre estas cosas es notable. Incluso un sindicalista de cierto cargo institucional -no me meto en temas de liderazgo- hablaba en esta misma tribuna de “Estado Central” en un artículo. Pues bien, en España simplemente no existe ese supuesto “Estado Central”. Parece un error de poca monta, pero da una idea del estado -valga la redundancia- de confusión de la cuestión política.

Volviendo a las tres cosas que caracterizan a un Estado, sea el que sea, España es un estado federal simplemente por dos cosas que se reducen a una: 1) porque tiene su territorio y su población dividida en 17 zonas -y dos ciudades- donde se eligen Parlamentos con capacidad, obviamente, de legislación; 2) porque tiene competencias transferidas desde el Parlamento de la Nación a las Comunidades donde se legisla dentro de sus competencias. Estamos en el mismo caso -con todas las diferencias que se quiera- que la Alemania de los länders o los estados de los EE.UU. Los países que tienen centralizado la labor legislativa no tienen otros Parlamentos. Pueden tener más o menos descentralizada la política económica, cultural, de defensa, policial, etc., pero legisla un sólo Parlamento (con una o dos Cámaras). ¿Resulta obvio o trivial? Pues debería ser así, pero si vemos como se comportan los medios de comunicación, los periodistas, los políticos, y muchos nacionalistas, etc., no lo parece. Esta es la diferencia, sine qua non, entre federalismo y centralismo. Pero hasta dónde debe llegar esta transferencia de competencias y cuáles son estas, discuten los políticos en activo y otros que ejercen de forma encubierta de ello (v.gr., Pedro J., M. Rouco, Aznar,). Pues bien, hay una barrera que nunca traspasa un estado federal por mucho que se afanen los que quieren llegar más y más lejos: que el Parlamento de la Nación está un peldaño por encima de los parlamentos federales o federalizados. Hay una jerarquía en la concreción institucional del principio de soberanía insoslayable. Si se va más allá, se llega al confederalismo o, simplemente, a la separación absoluta. Yo no quito ni pongo rey, pero ahí queda eso. Todo esto parece tan obvio que da grima y espanto pensar cuantas energías y debates insulsos, interesados, necios, obcecados, se hacen entre nacionalistas de las nacionalidades llamadas históricas y el nacionalismo tardofranquista (el P.P.), y también -por desgracia- con el federalismo acomplejado y algo cobarde del PSOE. La llamada Transición es un engendro de compromisos, pero no entre las derechas y las izquierdas democráticas en su momento para llegar a acuerdos a largo plazo sobre la forma jurídica de nuestro estado. No lo fue porque, ni había derecha democrática en 1975, 1976, 1977, 1978 -en mi opinión no la hay hoy- y porque la izquierda determinante que negoció -o permitió el tardofranquismo que negociara- se había tomado un descanso de 40 años. Lo que ha cambiado es que ahora sí hay un partido de izquierdas de masas, democrático al uso, además de otros partidos menores, nacionalistas y no nacionalistas, de izquierdas y de derechas. No hay, sin embargo, aún un partido de derechas, nacional, de masas y democrático. Lo que hay es el P.P., que es un rescoldo de la dictadura franquista, nostálgico de ella, cuyo líder natural, Aznar, que es un falangista tardío; con uno de sus presidentes, Fraga, que es un ex-ministro de la dictadura; con otro de ellos, Rajoy, que fue elegido a dedo por “el de las armas de destrucción masiva”, y con un núcleo duro de votantes que preferirían volver a la dictadura -con Aznar como nuevo “generalísimo” civil- a que gobierne el PSOE. Esperemos que con el tiempo se forme ese partido. Y todo esto está condicionando a la izquierda y a los sindicatos al menos por dos motivos o cuestiones, con el agravante de que, en lugar de aprovechar estos el error del adversario, es el adversario el que saca fruto de ello:

a) No reconocer que estamos en un estado federal no favorece a la izquierda, contra lo que pudiera creerse en un primer momento, sino que le viene que ni pintado al P.P.. Utiliza su centralismo secular, otorgado por derecho divino según su tradición, para fustigar a la Izquierda y al Gobierno de la Nación en cuanto negocia de una u otra manera, como puede y, a veces erróneamente, con las Comunidades. Y lo hace el P.P. con la esperanza de ganar más votos en su España una, grande y libre, que los que pierde en la España de las nacionalidades. De ahí el recurso contra el Estatuto catalán y su ferocidad contra Ibarreche -en su día- por sus consultas soberanistas. Es un problema de balance de votos para el P.P., porque para este partido la democracia es sólo eso, votos y un sistema electoral, ese obstáculo -piensan el núcleo duro de sus votantes- que nos han traído los progres, rojos, separatistas y demás gente de mal vivir. Lo de masones y maricones ya lo han olvidado o lo guardan para otros lugares y momentos. Y al no tener una Cámara Federal donde se discutan estas cosas, el Gobierno de España debe recurrir a la negociación bilateral, con la apariencia -aprovechada por el P.P., claro- de romper ese principio de jerarquía entre parlamentos que caracterizan el estado federal del que hablábamos.

Ítem más, ante este federalismo de quiero y no puedo, se crea el espejismo sociológico de que el Gobierno de la Nación es un “Estado” con más poder del que realmente tiene. Este no ejecuta más allá del 20% del total de los presupuestos, aunque recaude más del 50% por mor de los traspasos de las competencias. Teniendo en cuenta además que gran parte de las partidas presupuestarias tienen una inercia de compromiso ineludible, el Gobierno de la Nación no tiene más allá de unos 20.000 millones de presupuesto marginal a redistribuir directamente entre partidas de un año a otro. Puede tener más, es cierto, pero recurriendo al déficit y al endeudamiento. No es criticable eso, al menos desde mi punto de vista, en determinadas circunstancias como las de ahora, pero sólo constato el hecho para acotar los términos del problema y de la soluciones. De esta ilusión, de ese error, participan los sindicatos. ¡Por fin aparecen los sindicatos! Sí, parecía que no iba con ellos la cosa, pero todo lo político repercute en los sindicatos, mal que les pese a algunos -de fuera e, incluso, de dentro-. De este cúmulo de errores -falsa concepción de lo que es un estado federal, de lo que es el estado español de las Comunidades y del poder real sobre la economía del ejecutivo de la nación- surge la reivindicación de lo del cambio de modelo que los sindicatos han sostenido y sostienen aún. ¡Ojalá no tuviéramos que cambiar de modelo! Si no hay que reivindicarlo, porque no queda y no nos queda -¡por desgracia!- más remedio que ¡lamentar! su ineludible advenimiento. Desde la CEOE, la pequeña y mediana empresa y hasta el presidente de Gobierno, están de acuerdo con lo del cambio de modelo. ¿Para cuándo? Esta fue la pregunta que los sindicalistas omitieron en su reivindicación. Debieron pensar que ese cambio debía estar listo para estos Reyes Magos: ¿es posible eso en una economía del sólo mercado? ¿Con una participación de lo público 35% en el PIB? ¿Sin sector público empresarial significativo? ¿Con un margen de no más de 20.000 millones de euros de libre disposición del Gobierno de la Nación, siendo generosos? ¿En plena crisis, donde son otros los problemas acuciantes? Ha sido un error de planteamiento y sigue siéndolo. A corto, incluso a medio plazo, son más los empleos que se han perdido que los que presumiblemente se ganarán, incluso en el mejor de los escenarios posibles. Y si no, al tiempo. No es que haya que rehuir el cambio de modelo porque este se dará por añadidura, pero reivindicarlo como la solución al aumento del paro de estos dos últimos años es un absoluto sin sentido en el que han caído los sindicatos. Es mi punto de vista. Es, por su puesto, un punto de vista heterodoxo, pero el tiempo dirá.

b) Ante la demagogia de la derecha, a la izquierda y a los sindicatos les interesa un estado federal con todas las consecuencias. Una de ellas es la absoluta separación de las fuentes de financiación. Que una analfabeta funcional como Esperanza Aguirre utilice sus medios -TeleMadrid, principalmente-, para reivindicar dinero de los Presupuestos Generales del Estado que no le corresponde ante las dificultades de la financiación de la sanidad pública madrileña por obra y gracia -desgracia- de su privatización, es sólo posible porque confía en el también analfabetismo político y su antisocialismo, avant la lettre, del núcleo duro de sus votantes, que no van a distinguir -ni quieren- entre competencias. Y no sólo ella, sino que enanos políticos como los Beteta y los Güemes la bailen el agua a la líder de lo palurdo, da una idea del potencial demagógico que tiene para la derecha tardofranquista este estado federal imperfecto, defectuoso, inacabado, insuficiente y cabreante, que es el “Estado de las Autonomías” actual. Y esto repercute de nuevo en los sindicatos, que tienen que luchar parceladamente contra la política privatizadora de esta señora y de Camps en Valencia, sin que pueda extenderse la reivindicación y la lucha de lo público a nivel nacional, porque no es el caso ni siquiera en todos los lugares donde gobierna el P.P. Si esta señora fuera presidenta del Gobierno de la Nación no se atrevería a una política privatizadora generalizada, porque sus mismos compadres de partido se lo impedirían por miedo a la pérdida de votos. Esa es una de las razones -y no la única- por la que entiendo que los sindicatos deberían reivindicar -otra vez el verbo, lo siento- el traspaso de las competencias de la Sanidad al Parlamento de la Nación y, por ende, a su Ejecutivo y a la Administración Central. Así, sin miedo y sin complejos. Los sindicatos son libres de luchar por lo que estimen conveniente para sus afiliados y, si lo estiman oportuno, para todos los ciudadanos.

Volvemos a la fiscalidad. Nada de impuestos propios, cedidos y compartidos. Sólo dos tipos de impuestos: los que recaudan -no digo que legislen- enteramente las diferentes Autonomías y los que recauda la Administración Central como órgano administrativo del Parlamento de la Nación y del Gobierno de la Nación. Legislar es otra cosa. Aquí las posibilidades son muchas, pero con una salvedad y que es consecuencia de consideraciones anteriores: que en un estado federal como el nuestro -con sus defectos- la soberanía y la labor legislativa están jerarquizadas. Se entiende sin más explicación. Si se llegara a este estadio de federalismo consecuente, cada ciudadano sabría -como lo saben en Alemania y en USA- a dónde reclamar, a dónde van a parar los impuestos y desde dónde se reciben los servicios. Por supuesto que el Gobierno de la Nación, en su potestad y competencias de acuerdo con la constitución, leyes orgánicas y ordinarias, podría hacer la labor redistributiva entre territorios y personas que estime oportuno, pero ya desde los presupuestos y competencias propias, sin impuestos compartidos y sin gastos participativos.

Hay o pueden considerarse más motivos para defender un estado federal consecuente. Por ejemplo, en un estado federal, donde no hay privilegios de competencias, no habría “cupos” que defender, porque los estados -o autonomías, que por la semántica no vamos a discutir- serían todas de “cupo” y, por serlo todas, no lo sería ninguna. No habría sistemas fiscales distintos, ni sistemas forales de privilegio, porque todos tendrían el mismo, salvo que alguna autonomía o federación renunciara al cobro de algún impuesto. Ese sería un tema político a resolver desde la política, que para eso está. Todas las competencias serían discutibles y discutidas y, llegado el momento, podrían aumentarse o... disminuirse, pero en todas las Autonomías, en las 17. Así, sin complejos. Sí, café para todos, pero cada uno se haría y se pagaría el suyo con sus ingresos propios. Decía Ortega y Gasset que el tema catalán era un problema sin resolver e irresoluble. No estoy de acuerdo con el insigne... madrileño. Hay una solución: convertir en 17 el problema catalán: automáticamente dejaría de ser un problema, porque lo es, precisamente, no porque sea un problema catalán, sino porque es uno. Alemania, USA, Francia y Gran Bretaña han tenido a lo largo de la historia su “problema catalán” y lo han resuelto: convirtiendo en múltiples länders los germanos, en múltiples estados federales los yanquis, los británicos con el colonialismo lo mal resolvieron y los franceses con el republicanismo.

Mientras no se resuelvan estos problemas sobre el Estado, no sólo los políticos, no sólo la izquierda, encontrarán obstáculos en su avance, sino también los sindicatos, aunque parezca que no va con ellos, con los ciudadanos a los que defienden. Y ello porque hay un obstáculo peor que el que no se ve: el que no se espera.

Madrid, 4 de enero de 2010.